Ciberdelincuencia en el sector empresarial financiero

El director general del sistema de pagos e infraestructura de mercados del Banco de México (Banxico), Miguel Díaz, advirtió que en relación a la ciberdelincuencia, los infractores que intentan atacar instituciones financieras tienen operación global y cuando logran infiltrarse, suelen hacerlo a través de participantes que tienen recursos locales, es decir, los que tienen más ventanas de vulnerabilidad.

“Aquí se genera una guerra armamentística muy dispareja a favor de los delincuentes, cuya operación y estrategia tiene una complejidad y profundidad de conocimiento tecnológico que no necesariamente está disponible para todas las empresas”, aseveró.

Asimismo, expertos del sector aseguran que en diversas ocasiones son las propias empresas las que tienen fallas de ciberseguridad o manejo de ciberseguridad pues ellos mismos dejan “expedientes abiertos”, además enfatizaron que no solo las instituciones financieras son vulnerables a un ataque cibernético, pues todas las compañías que tienen una vida digital, deben trabajar en concientizar a todos los niveles desde los directorios ejecutivos hasta toda la infraestructura para fortalecer sus puntos críticos.

Y es que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cada segundo, 14 personas en todo el mundo están siendo víctimas de un ciberataque, lo que podría representar hasta el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) en el mercado negro de internet.

Frente a la delincuencia digital organizada a nivel mundial, será necesario  unir esfuerzos entre todas las naciones, con el objetivo de erradicar estas conductas, ya que desde que inició la pandemia, los sectores más atacados por ciberdelincuentes continúan siendo: servicios profesionales, comercio minorista, financiero, hotelero, la industria de la salud y de alta tecnología.

Acerca de la llegada de las fintech, Miguel Díaz manifestó que, es importante garantizar que su operación no genere un problema de contagio sistémico, ya que  comparten el mismo ecosistema del sector financiero.

También resaltó que una de las estrategias nacionales es tratar de generar una infraestructura neutra sobre las instituciones financieras reguladas que se conecten de manera que puedan aprovechar el mismo sistema. Aunque también se requerirá generar instrumentos internacionales para que la lucha se convierta en una lucha común.

LOS PRINCIPIOS DE MAYOR BENEFICIO Y NON REFORMATIO IN PEIUS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

El principio non reformatio in peius es una locución latina, cuya traducción literal es “No reformar a peor”, el cual plantea el principio de interdicción de reforma en perjuicio del promovente, es decir que quien interpone un recurso dentro de un procedimiento judicial, no puede ser colocado en una situación más desfavorable que la que tendría en caso de no interponer dicho recurso.

Dicho principio tiene una excepción, ya que el mismo no puede aplicarse en caso de que la contraparte concurra en el recurso interpuesto, en el que exponga los argumentos jurídicos por los cuales se estime que el contrario debiera colocarse en una situación más desfavorable.

Lo anterior, puede explicarse mejor con un ejemplo: una persona “Juan” promueve un juicio en contra de otra persona “Pedro”; el Juzgado de primera instancia resuelve procedente las prestaciones reclamadas y condena a las prestaciones A, B y C, sin embargo absuelve a “Pedro” de diversas prestaciones D y E; si “Pedro” interpone un recurso en contra de la condena impuesta respecto a las prestaciones A, B y C, y además “Juan” decide no intervenir en el recurso de apelación, entonces el Tribunal que conozca del recurso interpuesto no puede agravar la sentencia en contra de “Pedro”, es decir, no puede por ejemplo condenar de las prestaciones D y E, ya que “Pedro” fue el único promovente del recurso, y por lo tanto no se le puede poner en una posición más desfavorable que en la que se encontraba con la primer sentencia.

Ahora bien, el principio de mayor beneficio, busca que los órganos jurisdiccionales satisfagan en su integridad el derecho fundamental de acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El juicio de amparo al ser un instrumento de protección de derechos humanos en contra de actos de autoridad, se ha incorporado el principio de mayor beneficio en las resoluciones de los órganos jurisdiccionales que conocen de este juicio, por lo que dichas autoridades judiciales deben dar preferencia a las cuestiones de fondo que impliquen violaciones graves a los derechos humanos sobre las cuestiones meramente procesales, en aras de dar un mayor beneficio a los quejosos.

Justo en estos puntos puede inferirse que existe un conflicto entre los principios de mayor beneficio y non reformatio in peius, ya que los órganos jurisdiccionales que conocen del amparo deben velar por una protección integral de los derechos humanos de las partes que intervienen en el juicio (principalmente del quejoso), sin embargo, el principio non reformatio in peius, al ser un principio general de derecho, debe ser aplicado a todos los juicios que se desarrollen ante los órganos jurisdiccionales del Estado Mexicano.

El punto de encuentro entre ambos principios lo resuelve el Poder Judicial de la Federación, en la tesis jurisprudencial II.2o.P. J/3 P (11a.), ya que refieren que ambos principios no se excluyen o contraponen, y que en todo caso corresponderá a los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio de amparo quienes deberán velar por el cumplimiento de ambos principios.

En ese sentido la aplicación del principio non reformatio in peius es inexorable y constituye una regla de carácter general, y por lo tanto en el recurso de revisión que se llegue a interponer en un juicio de amparo, la aplicación del principio de mayor beneficio dependerá si resulta notorio, evidente o manifiesto que no existe el riesgo de que la modificación de una sentencia de amparo implique un perjuicio al quejoso, privándolo de una protección concedida por el órgano jurisdiccional que conoció de la demanda de amparo.

En otras palabras, el Tribunal que conozca del recurso de revisión que se interponga en contra de una sentencia de amparo, deberá estudiar el caso en concreto y analizar si puede existir un mayor beneficio a favor del quejoso, y en caso contrario, si se advierte un riesgo de transgredir derechos constituidos con la sentencia de amparo, lo lógico será que prevalezca el principio non reformatio in peius como regla general.

SCJN: Artículos del Código Administrativo del Estado de México, violaban el derecho a la igualdad e inhibían la libre concurrencia y competencia para determinados agentes económicos del mercado

El 15 de octubre de 2021, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación una tesis aislada mediante la cual, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito determinó que los artículos 33, fracción VI; 55, fracción VI, inciso D); 70, fracción IV; 73, fracción IV; 75; 83, fracciones II, VII y IX; 84, fracciones IV y IX; 86, fracción VI; 87, fracción VI, inciso A); 88, fracción III; 100, fracción VI, inciso A); 106, fracción VI, inciso A); 108 del Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, violan el derecho a la igualdad e inhiben la libre concurrencia y competencia para determinados agentes económicos del mercado, al prever que los hechos y actos jurídicos en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos y desarrollo urbano en ellos contenidos deben protocolizarse únicamente ante los notarios públicos del Estado de México.

Lo anterior fue resuelto así, a partir de que un Notario Público de la Ciudad de México promovió juicio de amparo indirecto contra la expedición, refrendo, publicación y vigencia de esos artículos, al considerarlos violatorios del derecho fundamental a la libertad de trabajo, porque establecen un trato privilegiado y exclusivo a los notarios públicos de ese Estado, en relación con los de las demás entidades federativas. 

Lo anterior, porque conforme al artículo 1º de la Constitución, no se justifica el trato diferenciado y discriminatorio en relación con las y los notarios de las entidades federativas distintas del Estado de México; además, dichos preceptos reglamentarios desconocen la legalidad que se otorga a los actos de protocolización en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos y desarrollo urbano del Estado de México que realicen las y los fedatarios de otros Estados, de acuerdo con el precepto 121 de la Ley Fundamental; circunstancia que transgrede el principio de jerarquía normativa establecido en el artículo 133 de la Constitución, pues el ejercicio del notariado debe sujetarse a los mandatos de ésta, ya que el ámbito espacial de validez de sus actos se encuentra preservado a nivel nacional.

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Ante nuevos fraudes bancarios: ABM alerta que ningún banco debe solicitar información confidencial.

Un nuevo modus operandi de fraude bancario es puesto al descubierto en México, y es que recientemente una reconocida entidad financiera informó sobre los métodos que usan los delincuentes para hacerse pasar por operadores del banco y sustraer así información confidencial de los clientes.

Ante esta situación, la Asociación de Bancos de México sostiene que ningún banco debe pedir información confidencial vía telefónica, razón por la cual hacen un llamado a los usuarios a no caer en este tipo de chantajes.

De acuerdo con las redes sociales de la entidad bancaria, el fraude consiste en una supuesta llamada hecha por el banco, donde piden a la víctima proporcionar información personal con el pretexto de que están realizando una operación “de prueba”.

En este sentido, es importante resaltar que si recibes una supuesta llamada del banco para pedirte alguna operación de «prueba» o que proporciones información bajo cualquier pretexto, cuelgues de inmediato, ya que se trata de un fraude.

El objetivo de estas llamadas, es que los usuarios proporcionen información como números de tarjeta, números NIP y otro tipo de contraseñas, así como datos personales. Aparte del fraude bancario del que pueden ser objeto los clientes, también existe el riesgo de caer en el robo de identidad.

A continuación se detallan algunos ejemplos de la información que suelen solicitar los estafadores para engañar a las víctimas:

  • Los invitan a “canjear” sus puntos por efectivo con el pretexto de que podrían perderlos
  • Les solicitan las claves de retiro sin tarjeta
  • Piden que instalen algún programa o aplicación de soporte
  • Insisten en realizar una prueba de sincronización a distancia
  • Piden un CCV dinámico (Código de seguridad de tarjetas de crédito)

Finalmente en caso de que los usuarios reciban alguna llamada como esta, la recomendación de la Asociación de Bancos de México es comunicarse inmediatamente con el banco y notificar lo sucedido para evitar riesgos.

Incrementan fraudes a través de apps y falsas fintech

Frente al crecimiento de empresas de tecnología financiera, también conocidas como fintech, el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosadola alertó sobre un nuevo modelo de fraude que afecta principalmente a la población más joven y personas de escasos recursos ofreciéndoles préstamos rápidos sin arduas investigaciones crediticias. 

Al participar en el último foro virtual de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), el presidente de la Condusef recalcó que este tipo de fraude a través de canales digitales está creciendo en el país, razón por la cual pidió a las instituciones financieras reforzar y simplificar los mensajes de prevención.

“Hay aplicaciones que supuestamente te prestan dinero. Este mecanismo de defraudación está dirigido a la parte baja y media de la pirámide, y fundamentalmente a los millenials. Las aplicaciones se identifican como una fintech, que prestarán dinero rápido y muchos caen”, expuso el titular del organismo.

Rosado Jiménez también alertó de plataformas digitales que roban dinero ofreciendo mecanismos de inversión, tales como: “la flor de la abundancia”, en donde, la persona deja recursos en una app y tiene que invitar a más otras para que los rendimientos sean más altos.

En el caso de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), el titular de la Condusef apuntó que la suplantación de identidad de las firmas tecnológicas y las tradicionales es el fraude más común, toda vez que al mes de julio de 2019 se detectó la suplantación de 98 entidades financieras en el país, en 2020 la cifra incrementó a 112 y este año suman 129. 

El titular de la Condusef apuntó que la suplantación de identidad de las firmas tecnológicas y las tradicionales, tales como las Sofomes afectan, principalmente, a la población más vulnerable del país.

“Esto está impactando a la base de la pirámide del país… Cuando las personas caen en estos fraudes ya no tenemos nosotros (la Condusef) capacidad de hacer nada… Insisto en que debemos ser más concretos y contundentes para que la gente nos entienda y no caigan”, enfatizó Rosado Jiménez. 

Por último, el funcionario advirtió que: “las empresas que piden dinero para dar dinero son fraudes”.

 

 

Prenda sin transmisión de posesión

Por: Karina Ventura

El derecho mercantil es una de las áreas con mayor versatilidad en el ejercicio de la abogacía, y encuentra su fundamento en el constante intercambio comercial que ha tenido mayor desarrollo por la interconexión que existe actualmente en el mundo, lo que desde luego se encuentra directamente relacionado con la globalización.

Tomando en consideración dicha circunstancia, ha traído como consecuencia que se hayan acortado las distancias, facilitando el intercambio de bienes, servicios e incluso personas, disminuyendo así las fronteras entre los países, y estrechando las relaciones comerciales, razón por la cual, se ha vuelto necesario adecuar las figuras jurídicas para permitir dicho intercambio. 

Para facilitar los procesos mercantiles ha sido siempre un requisito la existencia de créditos que permitan a las empresas llevar a cabo la prestación de sus servicios o la producción de sus mercancías, para ello, se han creado diversos medios para documentar los créditos correspondientes, así como formas para garantizar la responsabilidad derivada del incumplimiento de las obligaciones contraídas por los acreditados, mismas que permiten a los acreditantes tener certeza de que las obligaciones adquiridas por su acreditado serán satisfechas o, por lo menos, existirá un medio para recuperar las cantidades concedidas. 

Una forma que ha sido utilizada por los deudores para garantizar una cantidad adeudada, sin que sea necesario desprenderse de sus bienes, ha sido la prenda sin transmisión de posesión, lo que permite a los deudores seguir manteniendo la posesión de sus bienes y con ello tener la posibilidad de generar recursos que en su momento permitirán cubrir el importe adeudado al acreditante.

La prenda sin transmisión de posesión como se refirió con antelación se introduce vista la necesidad que existía en la materia mercantil para que el deudor mantuviera la posesión de sus bienes y con ello se encontrara en posibilidad de continuar laborando o produciendo, para eventualmente liberarse de su deuda. Lo anterior derivado de la dificultad que se presentaba para seguir con su objeto y en su momento liberarse de la deuda ante la desposesión de los bienes necesarios para su empresa, y por lo tanto, derivaban los incumplimientos que lo obligaban a cubrir intereses moratorios que incrementaban los adeudos contraídos, siendo cada vez más difícil el cumplimiento de sus obligaciones contractualmente contraídas. 

La materia mercantil siempre se ha caracterizado por una mayor laxitud que ha permitido el intercambio generalizado de bienes y servicios, es por ello que, la prenda sin transmisión de posesión se adecua a esta área del derecho, tomando como base la legislación civil. Lo que se busca desde luego, es la posibilidad de continuar con relaciones comerciales estables y rápidas que permitan el intercambio eficiente de bienes y servicios.

La naturaleza jurídica de la prenda sin transmisión de posesión es un derecho real sobre bienes muebles y que impiden al acreditado enajenarlos sin contar con el consentimiento previo por parte del acreditante, quien se convierte en un acreedor preferente respecto de los mismos. El objeto de la prenda es, como ya se mencionó con anterioridad, garantizar la responsabilidad derivada del incumplimiento de una obligación. Así mismo, la constitución del derecho real genera una prelación en el pago respecto de los bienes que el deudor tiene a su resguardo en su carácter de depositario, lo que toma especial relevancia al momento de la ejecución de la garantía otorgada.

El proceso para lograr la ejecución de la prenda sin transmisión de posesión se encuentra previsto en el Libro Quinto Título Tercero Bis de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la cual establece un procedimiento específico que guarda cierta similitud con las disposiciones aplicables al fideicomiso de garantía con la salvedad de que no existe transmisión de propiedad por parte del acreditado, quien, como se ha manifestado mantiene la propiedad y posesión de sus bienes.

Los contratos mediante los cuales se documente la constitución de garantías de prenda sin transmisión de posesión tendrán el carácter de mercantiles para todas las partes que intervengan en ellos.

La cantidad que con la prenda se garantice podrá ser determinable al momento de su constitución, sin embargo, deberá ser determinada al momento de su ejecución, pues de no ser así no existiría certidumbre respecto de la cantidad que con la prenda se pretendió garantizar, lo que devendría en un perjuicio tanto para el acreedor como para el deudor, pues no existiría medio de garantía que proporcione certidumbre jurídica.

Según lo determinen las partes, la cantidad garantizada podrá incluir los intereses ordinarios, moratorios e incluso los gastos erogados por el proceso de ejecución de la garantía.

Se permite que el deudor pueda hacer pagos parciales, mismos que reducirán el importe garantizado con la prenda y que deberán disminuirse proporcionalmente sobre el o los objetos que se encuentren sujetos a la prenda sin transmisión de posesión, si dichos bienes fueren cómodamente divisibles, los pagos podrán liberar parcialmente a cada uno de ellos, hasta su total liberación.

La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito hace referencia a la divisibilidad jurídica de los bienes sujetos a la garantía, sin embargo, debe tenerse en cuenta que dicha divisibilidad atiende a su naturaleza física, toda vez que, la disminución en el monto adeudado podrá liberar a cada uno de los bienes afectados. Debe tomarse en cuenta que los bienes pignorados deben identificarse plenamente, para evitar la existencia de duplicaciones que hagan imposible la ejecución de la prenda en caso de que resulte ser necesario derivado del incumplimiento de las obligaciones contraídas.

Prenda sin transmisión de posesión: Bienes que pueden ser dados en garantía. 

De continuidad con lo expresado en el artículo anterior, la Ley prevé un listado sobre los bienes que pueden ser dados en garantía, empero, es menester cuestionar si existe la posibilidad de dar en prenda bienes futuros o bienes ajenos al deudor. 

En un primer momento se podría responder que no sería posible constituir una garantía sobre un bien cuya titularidad o existencia no es cierta al momento de su constitución, sin embargo, pudiera suceder la hipótesis en donde la cantidad adeudada sea destinada a la adquisición de bienes que serán en su momento objeto de garantía, lo que desde luego debería ser permitido y amparado por nuestro ordenamiento jurídico.

En opinión de la autora los bienes ajenos no deberían ser dados en prenda, salvo que se cuente con el aval del legítimo propietario, pues de lo contrario, en un supuesto de ejecución este podría oponerse, desvirtuando la naturaleza propia de la garantía, lo que haría difícil para el acreedor ver satisfecho su derecho de crédito y con ello se estaría traicionando la confianza que en algún momento le llevó a celebrar el acto jurídico que dio origen a la obligación del deudor.

Los bienes que derivan como frutos o productos futuros, pendientes u obtenidos de los bienes anteriores pueden ser objeto de prenda, dicha figura se protege en el derecho anglosajón en donde se reconoce la posibilidad de constituir garantía sobre los bienes que sean producidos con la maquinaría sujeta a la garantía constituida por su propietario y con ello se hace extensivo el derecho pignoraticio del acreedor respecto de los frutos civiles del deudor, lo que de nueva cuenta tiene por objeto brindar seguridad jurídica al acreedor.

La principal ventaja que ofrece la constitución de la prenda sin transmisión de posesión es el derecho del deudor prendario para hacer uso de los bienes pignorados, puede usarlos para la fabricaciones de otros bienes, siempre y cuando su valor no se vea disminuido más allá del detrimento natural derivado de su uso adecuado, pues de no hacerlo así estaría incurriendo en responsabilidad y se le podría exigir que señale nuevos bienes muebles que sean objeto de la garantía para proporcionar al acreedor mayor seguridad respecto de la responsabilidad en que se podría incurrir con motivo del incumplimiento de las obligaciones contraídas.

El deudor igualmente podrá percibir y utilizar los frutos y los productos de los bienes pignorados, pues, lo que se busca es que genere ingresos que le permitan en algún momento liberarse de sus obligaciones contraídas y garantizadas con la constitución de la garantía prendaria.

Tratándose de las facultades de quienes constituyen el gravamen real, debemos tomar en cuenta la actividad preponderante del deudor pignoraticio, si no está en el objeto normal, entonces es posible que nos encontremos en un caso actos ultra vires, es decir, no son ordinary contract bussines, por lo tanto, se requiere mención especial sobre la capacidad para constituir este tipo de garantías.

Según lo dispuesto por el artículo 344 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito el acreedor prendario no podrá hacerse dueño de los bienes o títulos que se hayan dado como garantía sin el expreso consentimiento de su deudor, es decir, las partes si podrán pactar que en caso de incumplimiento el acreedor pueda volverse propietario de los bienes dados en garantía, siempre que exista el consentimiento expreso del deudor.

En términos generales se puede dar certeza de una obligación futura, pero para ejecutar una garantía siempre es requisito que la obligación asegurada sea exigible, pues su objeto es avalar la responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones contraídas. A contrario sensu se puede interpretar que, con la prenda tradicional no se pueden garantizar obligaciones futuras.

Por lo anterior, se concluye que la prenda sin transmisión de posesión resulta ser una opción viable para facilitar la garantía derivada del incumplimiento de las obligaciones contraídas por el acreditado, permitiéndole continuar con sus actividades normales y por ende, poder liberarse de sus obligaciones.

CNBV flexibiliza esquemas para la regulación bancaria de comisionistas.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las modificaciones a las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, en materia de contratación con terceros de servicios y comisiones.

Esto con la finalidad de facilitar el proceso de autorización de los comisionistas bancarios, así como contribuir con ello a impulsar esta figura como uno de los pilares para fomentar la inclusión financiera.

El regulador también explicó que eliminó una prohibición para que las Casas de Empeño sean corresponsales debido a que están reguladas fuertemente en materia de prevención y lavado de dinero.

Dichos cambios establecen un esquema de autorización de comisionistas más flexible, expedito y basado en el riesgo de las operaciones que las instituciones de crédito pretendan realizar a través de esta figura, además reducen el grado de vulnerabilidad de las infraestructuras tecnológicas de los comisionistas a los incidentes de seguridad de la información.

Así, la CNBV considerará como operaciones de riesgo bajo el pago de créditos, de contribuciones o de servicios; mientras que las operaciones de riesgo medio y alto son aquellas en las que se requiere un mayor número de mecanismos de control para garantizar la protección de la información y recursos de los usuarios, como pueden ser las operaciones de retiro de efectivo, consultas de saldos o apertura de cuentas.

Por su parte, las instituciones de crédito tienen la obligación de presentar al regulador un Plan Estratégico de Negocios para todas las operaciones que pretenden contratar, así como un modelo de contrato de comisión mercantil que servirá de base para todas las contrataciones que realicen.

“Una vez que les haya sido autorizado el Plan Estratégico de Negocios para operar con comisionistas, las instituciones de crédito sólo deberán presentar un aviso a la CNBV para realizar operaciones de bajo riesgo, quedando sujetas a autorización, como se mencionó, sólo las operaciones de riesgo medio y alto”, enfatizó.

Finalmente, el órgano regulador concluyó que con estas modificaciones, se busca promover y fortalecer la figura de los comisionistas, para lograr incrementar los puntos de distribución de servicios financieros, siendo esta figura una alternativa flexible y de bajo costo para el oferente de dichos servicios, permitiendo acercarlos a los usuarios. 

CNBV emite nuevas sanciones al sector fintech.

Las primeras sanciones por infringir la Ley para Regular Instituciones de Tecnología Financiera llegaron al mismo tiempo que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitiera autorizaciones para operar como una Institución de Fondos de pago electrónico o de financiamiento colectivo. 

Durante el mes de septiembre, en la actualización del portal de sanciones de la CNBV surgieron tres nuevas multas a plataformas relacionadas al sector fintech. Es así que la Comisión ha realizado un total de 23 sanciones relacionadas con el sector que suman un total de 47 millones 794,000 pesos.

Según lo informa el portal de sanciones de la CNBV, dichas multas  generadas a las distintas plataformas o personas físicas  están conectadas a infracciones a la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, o Ley Fintech, la de Instituciones de Crédito, la del Mercado de Valores, entre otras.

Lo que se busca con estas sanciones es inhibir las conductas irregulares en un sector reciente como es el fintech, donde pueden surgir diversos modelos de negocio y algunos deben de estar regulados y supervisados por la autoridad, especialmente los de manejo de recursos del público en general.

Cabe señalar, que la mayor parte de las multas aplicadas por infringir la Ley Fintech están relacionadas por el uso de términos reservados sólo para entidades autorizadas bajo esta normativa. Recordemos que las únicas empresas que tienen autorizado emplear las palabras IFPE o IFC son aquellas que ya han sido autorizadas como Instituciones de Tecnología Financiera.

Asimismo, el portal de la autoridad señaló que algunas infracciones también tienen que ver con la presentación de registros contables incorrectos, fallas en el cumplimiento en disposiciones de carácter prudencial, incumplir con los requerimientos de capital y deficiencias en su control interno.

Por último, expertos en el  ecosistema fintech coincidieron en que es correcto el mensaje que da la CNBV con estas sanciones, en el sentido de que la autoridad debe de proteger al público en general ante cualquier información errónea que promocionan algunas plataformas.

Instituciones financieras plantean implementar el banco digital de forma permanente.

El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Juan Pablo Graf, aseguró que como  respuesta a las medidas sanitarias estipuladas por la pandemia Covid-19 se incrementaron las transacciones financieras electrónicas, razón por la cual algunos bancos están trabajando en la implementación de la banca digital de manera permanente sin necesidad de sucursales.

Pese a que las personas ya pueden acudir a los bancos para realizar depósitos o abrir cuentas de débito o crédito, reportes oficiales detallan que hasta el segundo trimestre del año los clientes de las principales instituciones financieras del país incrementaron el uso de la banca digital en un 20% en comparación con el 2020.

Durante la participación en el foro Moody’s Inside Latam: México, Graf precisó que ante el proceso de digitalización y la baja penetración bancaria prevaleciente en territorio mexicano, persiste el interés nacional e internacional para traer desde nuevos bancos, así como otras alternativas de servicios financieros.

Asimismo el funcionario explicó que actualmente existen transformaciones trascendentales no sólo en la manera en cómo se otorga el crédito, sino en cómo se captan recursos, se realizan los pagos y se manejan las inversiones. Al tiempo que reconoció que las operaciones por banca móvil o Internet han superado las realizadas a través de canales tradicionales. 

En otro orden de ideas, Graf reiteró la negativa de las autoridades mexicanas del uso de criptomonedas a través del sistema financiero, destacando que se debe seguir informando a la población sobre los riesgos que implica el uso de estos activos digitales. 

“Quedó muy bien establecido en la ley fintech que los intermediarios podrán operar con las criptomonedas como determine el Banco de México y como todos sabemos no se ha determinado sobre ninguna de ellas, por lo pronto, de cara a la clientela no está permitida la compra venta de los activos virtuales. Viendo lo que está pasando en otras latitudes, las declaraciones de la SEC en Estados Unidos sobre lo que está pasando con este tipo de operaciones. México fue pionero en decir que tiene que haber una clara separación en lo que ese mercado se va estabilizando. Aprovechar la tecnología pero tener mucho cuidado con la compra venta que hace y seguirlo regulando”, dijo.

Finalmente la fuente reconoció el incremento de  los fraudes financieros principalmente en operaciones digitales, que incluso ya superan a los fraudes registrados de forma física.

“Sí tuvimos un incremento importante en el número de fraude en operaciones por internet que hoy ya supera el número al que tenemos de reclamaciones en canales tradicionales, sucursales, cajeros, terminales punto de venta, o corresponsales. Es parte de la digitalización pero es un proceso que mantiene a las instituciones financieras muy atentas”, dijo.

LAS NOTIFICACIONES CONFORME AL NUEVO ESQUEMA DE LABORES DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DERIVADO DE LA CONTINGENCIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).

La contingencia sanitaria generada por el virus Covid-19, provocó desde el 16 de marzo de 2020 la suspensión de labores y términos procesales en los juicios seguidos ante diversos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Con la reanudación de labores de los órganos jurisdiccionales de la Ciudad de México, particularmente aquellos que conocen de las materias civil, mercantil y familiar, tuvieron que adaptarse a un nuevo esquema de trabajo establecido en la Circular CJCDMX-18/2020 de 10 de junio de 2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, estableciendo lo que se conoce como “actividades a puerta abierta” y “actividades a puerta cerrada”, las cuales se entienden que en un mismo día los juzgados nones laborarán a puerta abierta (con atención a público) y los juzgados pares laborarán a puerta cerrada (sin atención al público, salvo casos excepcionales), y así al día siguiente se revertirá el rol, siendo los juzgados pares quienes laborarán a puerta abierta y los nones a puerta cerrada, así subsecuentemente hasta que exista una determinación que prevea un nuevo esquema de labores.  

No obstante, dicho acuerdo dejó con muchas incertidumbres a los funcionarios de los juzgados, así como a los litigantes en general, tales como ¿de qué manera se efectuaría el cómputo de los plazos procesales?; sin embargo, en el Acuerdo Volante V-31/2020 emitido el 5 de agosto de 2020 por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se estableció la suspensión de plazos procesales cuando los juzgados desarrollen sus actividades a puerta cerrada.

Ahora bien, en los juicios civiles y mercantiles todas las notificaciones practicadas por medio del Boletín Judicial surten sus efectos al día siguiente en que se publica la resolución; se entiende por “surte efectos” como el momento procesal en que una notificación se perfecciona jurídicamente.

En ese sentido el nuevo esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales, provocó que dichas autoridades interpretaran de manera incorrecta la forma en que las notificaciones publicadas en el Boletín Judicial surtirían sus efectos, ya que técnicamente dichas notificaciones únicamente podrían surtir sus efectos cuando el órgano jurisdiccional labore a puerta abierta (es decir cuando corran los plazos procesales).

Dicho error de los órganos jurisdiccionales al momento de aplicar el Acuerdo Volante V-31/2020, ha provocado diversos conflictos y complicaciones en el desarrollo de las controversias jurisdiccionales, tales como el desechamiento de demandas o la inadmisión de recursos por tenerlos por presentados fuera de término.

Sin embargo, tuvo que pasar un año de labores para que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y el Poder Judicial de la Federación, establecieran un criterio uniforme respecto a esta incógnita: la primer autoridad expidió la circular CJCDMX-31/2021 en la que se estableció que todas las notificaciones efectuadas por el Boletín Judicial surtirán efectos al día siguiente hábiles únicamente cuando el órgano jurisdiccional labore a puerta abierta; por otro lado los Tribunales Colegiados de Circuito igualmente establecieron en la tesis aislada I.11o.C.149 C (10a), que las notificaciones en materia civil solo pueden surtir sus efectos los días hábiles en que el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Ciudad de México labore a puerta abierta, durante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Resulta importante hacer de conocimiento general las anteriores resoluciones, ya que con ellas los litigantes tendrán una herramienta en contra de las determinaciones de los órganos jurisdiccionales, ya que los cómputos procesales no se dejarán a su libre arbitrio, sino que tendrán que seguir el criterio uniforme sustentado por el Poder Judicial de la Federación y por el mismo Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.

 

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