BANCO DE MÉXICO ESTÁ FACULTADO PARA EMITIR DISPOSICIONES DE APLICACIÓN GENERAL Y PODRÁ SOLICITAR OPINIÓN DE AUTORIDADES FINANCIERAS AL EMITIR REGULACIÓN SOBRE MATERIAS NO EXCLUSIVAS

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota, resolvió el amparo promovido por una institución de banca múltiple en contra de unas circulares sobre el uso del crédito de nómina emitidas por el Banco de México (BANXICO) con base en los artículos 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como 24 y 26 de la Ley del Banco de México.

En la demanda, la institución bancaria sostuvo que, en su opinión, de acuerdo con el artículo 28 de la Constitución Federal siempre que BANXICO emita regulación sobre cualquier tema, debe dar intervención legal a diversas autoridades reguladoras para que emitan opinión al respecto. Por tanto, si no dio esa intervención en las circulares que emitió, entonces resultaban contrarias a la Constitución.

Al interpretar el artículo 28 constitucional, la Sala advirtió que esa norma no obliga a BANXICO a dar intervención a diversas autoridades financieras siempre y en todos los casos que emita regulación, sino que se trata de una facultad y que serán las leyes las que fijen cuándo debe o no debe darse esa intervención. Sostener que en todos los casos que el banco central emita una regulación debe dar intervención a las autoridades financieras sería ignorar sus atribuciones exclusivas que, además, son áreas estratégicas del Estado mexicano, por ejemplo, la acuñación de moneda y la emisión de billetes.

Con base en esa interpretación, la Segunda Sala concluyó que las disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Banco de México reclamadas y que facultan a ese banco a emitir regulación, no son violatorias de la Constitución. Además, aclaró que la propia Ley del Banco de México prevé la facultad que tiene el banco central para emitir regulación sobre determinadas materias en las que podrá solicitar la opinión de autoridades reguladoras, sujeta a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

“ARRENDAMIENTO FINANCIERO”

El arrendamiento financiero es un contrato mercantil por medio del cual el arrendador se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal, a plazo forzoso, y como contraprestación el arrendatario se obliga a pagar una suma de dinero determinada o determinable, por lo que a grandes rasgos este contrato se puede considerar como un arrendamiento puro y llano, sin embargo, al ser un acto mercantil, en virtud de que el mismo participa de las características de una operación de crédito, de arrendamiento y de compraventa, hace que sea considerado como un contrato mercantil, dado que es claro el propósito de lucro que persigue el arrendador, quien obtiene rendimientos del capital que invierte en el financiamiento.

Este tipo de contrato debe otorgarse por escrito y se puede inscribir en el Registro Público de Comercio a solicitud de los contratantes, sin perjuicio de hacerlo en otros Registros que las mismas leyes determinen.

Hasta antes de la reforma a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito éste contrato sólo podía ser celebrado por las arrendadoras financieras autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en tanto que ahora es factible que, además de esas entidades, celebren operaciones de arrendamiento financiero quienes carezcan de la mencionada calidad y autorización. 

En este tipo de contrato se posibilita al arrendador, a que con cargo a su patrimonio, adquiera el bien que desea usar el arrendatario, quien, por tanto, no desembolsa de inicio el precio de ese bien, sino cantidades menores por concepto de rentas, aunque eventualmente estará en condiciones de poder adquirirlo.