BANCO DE MÉXICO ESTÁ FACULTADO PARA EMITIR DISPOSICIONES DE APLICACIÓN GENERAL Y PODRÁ SOLICITAR OPINIÓN DE AUTORIDADES FINANCIERAS AL EMITIR REGULACIÓN SOBRE MATERIAS NO EXCLUSIVAS

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota, resolvió el amparo promovido por una institución de banca múltiple en contra de unas circulares sobre el uso del crédito de nómina emitidas por el Banco de México (BANXICO) con base en los artículos 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como 24 y 26 de la Ley del Banco de México.

En la demanda, la institución bancaria sostuvo que, en su opinión, de acuerdo con el artículo 28 de la Constitución Federal siempre que BANXICO emita regulación sobre cualquier tema, debe dar intervención legal a diversas autoridades reguladoras para que emitan opinión al respecto. Por tanto, si no dio esa intervención en las circulares que emitió, entonces resultaban contrarias a la Constitución.

Al interpretar el artículo 28 constitucional, la Sala advirtió que esa norma no obliga a BANXICO a dar intervención a diversas autoridades financieras siempre y en todos los casos que emita regulación, sino que se trata de una facultad y que serán las leyes las que fijen cuándo debe o no debe darse esa intervención. Sostener que en todos los casos que el banco central emita una regulación debe dar intervención a las autoridades financieras sería ignorar sus atribuciones exclusivas que, además, son áreas estratégicas del Estado mexicano, por ejemplo, la acuñación de moneda y la emisión de billetes.

Con base en esa interpretación, la Segunda Sala concluyó que las disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Banco de México reclamadas y que facultan a ese banco a emitir regulación, no son violatorias de la Constitución. Además, aclaró que la propia Ley del Banco de México prevé la facultad que tiene el banco central para emitir regulación sobre determinadas materias en las que podrá solicitar la opinión de autoridades reguladoras, sujeta a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Anuncian riesgos sobre el uso de bitcoin y otros activos virtuales.

En conferencia de prensa, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, afirmó que el usos de criptomonedas está prohibido para su utilización en el sistema financiero, al tiempo que sostuvo que no se prevé en el futuro cercano su autorización.

Y es que luego de que un banco nacional anunciara que está trabajando para atraer criptomonedas, autoridades financieras del país, advirtieron que están prohibidas en México. 

El titular hizo énfasis en que ésta, no es una postura nueva, ya que el mensaje se ha reiterado en distintos comunicados y circulares de la SHCP, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico).

En medio del Foro de Estabilidad Financiera, el secretario explicó que una moneda debe contar con tres características: unidad de medida, medio de cambio y reserva de valor.

Por su parte la vicepresidenta del Grupo de Acción Financiera (GAFI) Elisa de Anda, reiteró que el uso de estos activos para fines ilícitos se debe evitar con transparencia. Asimismo sostuvo que el GAFI fue la primera organización en emitir información sobre los criptoactivos, en dónde se reconoce que un ente privado puede emitir activos estables como lo intentó hacer Facebook con libra, pero aún está pendiente.

Finalmente expresó que el GAFI recibe con buenos ojos los proyectos que están emprendiendo los bancos centrales para emitir una moneda digital, pero siempre y cuando cumplan con los estándares recomendados por el grupo anti lavado.

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD

 

El décimo primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, estableció que cuando un recurso o medio ordinario de defensa, aunque sea idóneo para revocar, modificar o nulificar el acto reclamado no resulte eficaz para salvaguardar los derechos del quejoso, por su propia naturaleza, por la forma en que se regule su sustanciación o por las circunstancias especiales que se presenten en determinado caso concreto, el particular podrá promover de inmediato el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar el principio de definitividad.

Lo anterior, porque el principio de definitividad deriva de lo previsto en el artículo 107, fracción III, de la Constitución; es uno de los principales ejes rectores de la procedencia del juicio de amparo, que ratifica su naturaleza como medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser solucionada por otros medios.

Este principio se encuentra regulado, como causa de improcedencia de la acción constitucional, en el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo; hipótesis normativa que sólo resulta aplicable a los procedimientos jurisdiccionales y no a los actos propiamente administrativos, pues respecto de éstos se regula en forma específica en la fracción XX del mismo precepto.

Para satisfacer los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y a contar con un recurso judicial sencillo y rápido, consagrados en los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la obligación o carga procesal de agotar el principio de definitividad, previamente a la promoción del juicio de amparo, lleva inmersa la lógica de que el recurso o medio ordinario de defensa que proceda contra el acto de autoridad que el gobernado estima lesivo de sus derechos, debe satisfacer los siguientes requisitos:

 

  1. Idoneidad. Debe ser capaz de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y II. Eficacia. Dependiendo de la naturaleza del acto que se pretende impugnar, debe: i. Permitir al particular el despliegue pleno de su derecho de defensa y ii. Regularse un procedimiento que impida la consumación irreparable en los derechos del gobernado, de los efectos que produce el acto de autoridad. Por lo que si el recurso o medio ordinario de defensa previsto en la legislación procesal no satisface cualquiera de los anteriores requisitos, no existirá obligación de la quejosa de interponerlo antes de acudir al amparo.

 

FORMALIDADES DEL EMPLAZAMIENTO – CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

El emplazamiento es la primera notificación que se realiza al demandado para hacer de su conocimiento que existe un juicio instaurado en su contra, es un acto jurisdiccional que se realiza por el actuario adscrito a algún órgano jurisdiccional que conoce de la controversia, regularmente dicho fedatario se debe constituir en el domicilio señalado en el escrito inicial de demanda para correr traslado con dicho escrito, con los documentos base de la acción, y con la cédula de notificación que contiene la orden de emplazamiento a juicio.

El actuario debe cumplir con diversas formalidades que disponen cada uno de los ordenamientos legales que rigen al procedimiento de que se trate, es decir si se trata de un juicio mercantil deberá cumplir con cada uno de los requisitos que prevé el Código de Comercio, y si la controversia es de orden civil, deberá cumplir con las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles o la legislación adjetiva de fuero local de que se trate.

Aunado a los requisitos que prevén los ordenamientos legales descritos, actualmente existen diversos criterios jurisprudenciales emitidos por el Poder Judicial de la Federación, mismos que son de carácter obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales del país, en razón de que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento, causando una violación grave a los derechos fundamentales de audiencia, debido proceso y de certeza jurídica del demandado.

Uno de los criterios más recientes sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que el emplazamiento únicamente se considerará válido, cuando el notificador o actuario en la certificación que asiente en su razón o acta, describa cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado, es decir, que el actuario deberá describir todos y cada uno de los documentos en los que el actor funde su acción.

La interpretación que realizan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretende salvaguardar el derecho de certeza y seguridad jurídica del demandado, sin embargo dicho criterio implica una dificultad práctica, ya que existen juicios en los cuales se han exhibido una gran cantidad de documentos, y el hecho de que el actuario tenga que describir todos y cada uno de dichos documentos implica un gasto de tiempo para el fedatario; además dicho criterio implica una herramienta injusta a favor del demandado para solicitar la nulidad del emplazamiento, ya que si por algún error humano el notificador omite describir alguno de los documentos exhibidos con la demanda, ello dará pauta a que el demandado promueva un sinfín de recursos que impliquen la prolongación innecesaria del juicio.   

 

“ARRENDAMIENTO FINANCIERO”

El arrendamiento financiero es un contrato mercantil por medio del cual el arrendador se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal, a plazo forzoso, y como contraprestación el arrendatario se obliga a pagar una suma de dinero determinada o determinable, por lo que a grandes rasgos este contrato se puede considerar como un arrendamiento puro y llano, sin embargo, al ser un acto mercantil, en virtud de que el mismo participa de las características de una operación de crédito, de arrendamiento y de compraventa, hace que sea considerado como un contrato mercantil, dado que es claro el propósito de lucro que persigue el arrendador, quien obtiene rendimientos del capital que invierte en el financiamiento.

Este tipo de contrato debe otorgarse por escrito y se puede inscribir en el Registro Público de Comercio a solicitud de los contratantes, sin perjuicio de hacerlo en otros Registros que las mismas leyes determinen.

Hasta antes de la reforma a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito éste contrato sólo podía ser celebrado por las arrendadoras financieras autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en tanto que ahora es factible que, además de esas entidades, celebren operaciones de arrendamiento financiero quienes carezcan de la mencionada calidad y autorización. 

En este tipo de contrato se posibilita al arrendador, a que con cargo a su patrimonio, adquiera el bien que desea usar el arrendatario, quien, por tanto, no desembolsa de inicio el precio de ese bien, sino cantidades menores por concepto de rentas, aunque eventualmente estará en condiciones de poder adquirirlo.

NOTIFICACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS A DEUDOR – UN PRESUPUESTO INDISPENSABLE PARA EJERCER LA ACCIÓN EN SU CONTRA.

La cesión de derechos es un acto jurídico que constituye una de las formas para transmitir obligaciones, y ocurre cuando un acreedor transfiere a otra persona los derechos de cobro que tiene a su favor en contra de su deudor, es decir que es un acto que implica un cambio de acreedor o sujeto activo de la obligación, al ser reemplazado por otro, sin que ello implique una novación y sin que se requiera el consentimiento del deudor.

Sin embargo, este nuevo acreedor no puede iniciar una acción judicial en contra del deudor sino hasta que le notifique la cesión de derechos celebrada con el anterior acreedor, ya sea judicial, extrajudicialmente ante dos testigos o ante notario público, sin dejar de considerar que la notificación al deudor no constituye un elemento necesario para el perfeccionamiento de la cesión de derechos, ya que dicha notificación tiene efectos publicitarios más no constitutivos de derechos.

Lo anterior ha sido motivo de reiterados estudios por parte del Poder Judicial de la Federación; al respecto los Plenos de Circuito han analizado la importancia de la notificación de la cesión de derechos al deudor en un reciente criterio PC.III.C. J/53 C(10a.), y han considerado que dicha notificación debe efectuarse por el nuevo acreedor antes de la instauración del juicio correspondiente, ya que constituye un presupuesto indispensable para que dicha cesión produzca efectos en el deudor, en razón de que deben respetarse sus derechos y porque éste último no tendría conocimiento del acto jurídico celebrado por el acreedor primigenio y el nuevo acreedor, y ante ese desconocimiento no podría imputársele la falta de cumplimiento de sus obligaciones.

En conclusión, la notificación de la cesión de derechos al deudor es una condición previa para que el nuevo acreedor pueda ejercer sus derechos en juicio, notificación que puede realizarse en las formas que previene la legislación aplicable al caso en particular.

FORMALIDADES DEL EMPLAZAMIENTO – CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

El emplazamiento es la primera notificación que se realiza al demandado para hacer de su conocimiento que existe un juicio instaurado en su contra, es un acto jurisdiccional que se realiza por el actuario adscrito a algún órgano jurisdiccional que conoce de la controversia, regularmente dicho fedatario se debe constituir en el domicilio señalado en el escrito inicial de demanda para correr traslado con dicho escrito, con los documentos base de la acción, y con la cédula de notificación que contiene la orden de emplazamiento a juicio.

El actuario debe cumplir con diversas formalidades que disponen cada uno de los ordenamientos legales que rigen al procedimiento de que se trate, es decir si se trata de un juicio mercantil deberá cumplir con cada uno de los requisitos que prevé el Código de Comercio, y si la controversia es de orden civil, deberá cumplir con las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles o la legislación adjetiva de fuero local de que se trate.

Aunado a los requisitos que prevén los ordenamientos legales descritos, actualmente existen diversos criterios jurisprudenciales emitidos por el Poder Judicial de la Federación, mismos que son de carácter obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales del país, en razón de que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento, causando una violación grave a los derechos fundamentales de audiencia, debido proceso y de certeza jurídica del demandado.

Uno de los criterios más recientes sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que el emplazamiento únicamente se considerará válido, cuando el notificador o actuario en la certificación que asiente en su razón o acta, describa cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado, es decir, que el actuario deberá describir todos y cada uno de los documentos en los que el actor funde su acción.

La interpretación que realizan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretende salvaguardar el derecho de certeza y seguridad jurídica del demandado, sin embargo dicho criterio implica una dificultad práctica, ya que existen juicios en los cuales se han exhibido una gran cantidad de documentos, y el hecho de que el actuario tenga que describir todos y cada uno de dichos documentos implica un gasto de tiempo para el fedatario; además dicho criterio implica una herramienta injusta a favor del demandado para solicitar la nulidad del emplazamiento, ya que si por algún error humano el notificador omite describir alguno de los documentos exhibidos con la demanda, ello dará pauta a que el demandado promueva un sinfín de recursos que impliquen la prolongación innecesaria del juicio.   

 

 

Títulos de crédito

De conformidad con los artículos 1° y 5° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se define a los títulos de crédito como cosas mercantiles y documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos consigna.  

Cabe advertir que los títulos de crédito son documentos absolutamente mercantiles, y su mercantilidad no se altera porque no sean comerciantes quienes los suscriban o posean. 

Derivado de lo anterior, podemos aludir que las principales características de los títulos son:

  1. a) Su incorporación: Es decir, el derecho que se encuentra íntimamente unido al título y el ejercicio del mismo está condicionado a la exhibición del documento. En ese sentido podríamos decir que, al tratarse de títulos de crédito el derecho incorporado en los mismos se convertiría en algo accesorio y el documento en lo principal, en virtud de que, el derecho no existe ni puede ejercitarse si no es en función del documento y condicionado por el mismo. 
  2. b) Su legitimación: Recordemos que la legitimación tiene dos aspectos: la activa y la pasiva. La legitimación activa es aquella que le atribuye el título de crédito a su titular, es decir, la facultad que solo tiene el titular del documento y del derecho incorporado, en hacer exigible el cumplimiento de la obligación que se encuentra unido al mismo. 

Ahora bien, la legitimación pasiva es aquella que tiene el deudor de dar cumplimiento a la obligación de pago consignada en el título de crédito, por lo que, el deudor se legitima al pagar a quien aparece activamente legitimado en el documento.

  1. c) Su literalidad: En este aspecto, hablamos que el derecho intrínseco que tiene el título se encuentra condicionado y se mide por el texto que consta en el documento. 
  2. d) Su autonomía: Al igual que la legitimación, la autonomía de los títulos de crédito puede entenderse desde dos puntos de vista: activo y pasivo.

Desde el punto de vista activo, nos referimos al derecho que va adquiriendo cada persona en relación al título, mismo que es distinto del que tenía quien lo transmitió. 

Por otro lado, desde el punto de vista pasivo, se entiende que la obligación que tiene cada deudor es independiente y diversa de la que tenía el anterior suscriptor. 

Finalmente, podemos concluir que los títulos de crédito son documentos mercantiles que tienen constituido el ejercicio de un derecho.

Bloqueo temporal de servicios digitales en México

Tras haber considerado que el impuesto al valor agregado aplicado a plataformas digitales extranjeras no ha tenido una recaudación del todo eficaz, la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes del Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto sobre la Renta y al Código Fiscal de la Federación en las que se incluye la Miscelánea Fiscal para el 2021. La propuesta planteada daría pie a que las empresas no residentes en México que ofrecen servicios digitales enfrenten el bloqueo temporal de acceso a internet por los siguientes motivos: i) no estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ii) no haber designado representante legal y domicilio dentro del territorio nacional o iii)  no tramitar su firma electrónica avanzada.

Cabe destacar que no existe antecedente, a nivel internacional, de este tipo de bloqueos por razones fiscales, por lo tanto, tampoco existe antecedente alguno de que esta medida garantice una recaudación más eficaz. 

Consideramos que este tipo de medida, de hacerse efectiva, sería violatoria de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que garantizan el acceso a la información y la libre expresión. 

Además se tendrían consecuencias en el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues esta sanción aplica únicamente a plataformas extranjeras, lo cual se materializa en un impedimento para el libre tránsito transfronterizo de información, afectando de manera directa a los usuarios, pues la subsistencia de muchas PYMES depende de estos servicios digitales, sin mencionar a los particulares que hacen uso de las plataformas para poder accesar a programas de educación a distancia.

Concluimos que esta medida es un foco rojo para la inversión privada, al colocar bloqueos al ingreso del capital extranjero. Por otro lado, las repercusiones económicas serían graves, debido a que un los servicios actividades digitales representan cerca del 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Por el momento se encuentra pendiente de que la misma sea aprobada por la Cámara de Senadores, lo que de ser así, tal reforma entraría en vigor a partir del 2021.

Transformación digital como consecuencia de la pandemia

Es indiscutible que las exigencias del mercado han cambiado de manera drástica a raíz de la emergencia sanitaria por COVID-19, estimulando a las empresas a analizar sus operaciones y desarrollar estrategias que hagan frente a la nueva normalidad que enfrentamos. 

En este sentido, se puede apreciar el incremento en el nivel del consumo de tecnología, ya que estudios aseguran que el 76% de las grandes y medianas empresas han invertido en la adaptación digital para llevar a cabo el modelo Home Office, pudiéndose evidenciar un aumento del 63% en la generación de otros modelos de negocios digitales, lo que se traduce en nuevas fuentes de ingresos.

Es importante señalar que la tecnología tiene un papel protagónico en la vida de las organizaciones que desean mejorar su competitividad y de esta manera poder sobrevivir a la crisis financiera producto de la pandemia.

Asimismo la cercanía con los aliados comerciales es vital, por tal motivo las Tics (Tecnologías de la Información y la Comunicación) se convierten en el eje central de la comunicación, logrando que todas las áreas organizacionales se involucren de manera efectiva. 

Es de resaltar que debido a la llegada del COVID19, las formas de trabajo han estado cambiando de forma radical, y el uso de las tecnologías ha coadyuvado a que este proceso de transformación se lleve a cabo.  Sin embargo, aún son muchas las instituciones públicas y privadas que se han resistido al cambio, lo que provoca un rezago en el ejercicio de sus actividades. 

La innovación y la puesta en marcha de la creatividad son las claves necesarias para que los nuevos modelos operativos funcionen de manera eficaz y sostenible. 

 

 

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