¿Qué son las API en el sector financiero?

Fuente: El Economista. 

Debido a la transformación digital, el sistema financiero está experimentando cambios importantes. Con la llegada de nuevos modelos y soluciones tecnológicas, se ha permitido el desarrollo y la consolidación de nuevos actores en el ecosistema, lo que ha traído como consecuencia, una competencia abierta para ofrecer mejores servicios y productos para el consumidor final. 

Modelos como el Open Banking están desempeñando un rol fundamental en el rediseño del sistema financiero, ya que según datos de la startup mexicana de finanzas integradas Finerio, algunos sectores como las fintech, han demostrado un crecimiento exponencial, mientras que las entidades financieras tradicionales, se han visto en la necesidad de acelerar su transición hacia la banca digital para poder competir y ofrecer mejores servicios y productos a los usuarios finales. 

Nick Grassi, Co-CEO de Finerio Connect, comenta que: “El Open Banking está revolucionando el sistema financiero y detonando una nueva era tanto para las empresas del sector como para los usuarios. Esto no sería posible sin las soluciones y herramientas tecnológicas que permiten el intercambio de datos entre instituciones financieras, en este caso las APIs de agregación de datos bancarios”. 

Las APIs (Application Programming Interface), o interfaz de programación de aplicaciones, son un conjunto de protocolos y definiciones que permiten la integración y comunicación entre aplicaciones y programas, siempre ceñidas a un conjunto de reglas. Estas soluciones permiten el intercambio de datos de manera segura y sin involucrar a terceros.

Una de las claves del funcionamiento de las API es la facilidad de integración. Estas herramientas tienen que resultar simples de integrar a otro software para que las comunicaciones puedan desarrollarse con éxito. De igual manera, sus actualizaciones no deberían generar conflictos para que su labor siga siendo óptima.

De conformidad con el artículo 76 de la Ley Fintech, todas las entidades financieras, ya sean bancos, fintech, burós de créditos, etcétera, están obligadas a habilitar APIs para el intercambio de información.

Es importante señalar que por medio de las APIs de Open Banking, las empresas del sector pueden consultar el historial de transacciones de tarjetas de crédito y débito, créditos hipotecarios e inversiones, productos contratados por el consumidor y saldos de cuentas, entre otros aspectos.

Lo anterior, permite que las entidades financieras puedan ofrecer servicios personalizados y a la medida de las necesidades, brindar herramientas a los usuarios para administrar sus finanzas de mejor manera, además de que puedan revisar las transacciones y saldos de todas sus cuentas en el mismo lugar.

En el caso específico del sector financiero y la banca abierta, estas interfaces permiten que una plataforma se pueda sincronizar y conectar a las bases de datos de una entidad financiera, ya sea banco, fintech u otras opciones, para retomar la data de los clientes.

Finalmente, es preciso mencionar que las API solo se pueden usar internamente, así que las empresas tienen un mayor control sobre ellas. Esto les da a las empresas un mayor control.

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LA IMPORTANCIA DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD

El derecho a la salud se encuentra reconocido en nuestro ordenamiento jurídico desde el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en dicho artículo se establece la obligación a cargo del Estado de respetar, proteger, promover y garantizar el derecho a la salud, así se establece que toda persona tiene derecho a la protección a la salud, lo que se traduce en el derecho humano reconocido por parte del Estado mexicano de brindar atención médica de calidad para las personas que se encuentran en el territorio nacional, lo anterior deberá hacerlo a través de las bases y modalidades que se establecen en las leyes reglamentarias.

Así mismo se establece la obligación a cargo del estado de expedir leyes que definan el sistema de salud para el bienestar, lo anterior para garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social como prestación laboral; ahora bien, en recientes fechas el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha enfrentado a constantes carencias tanto de insumos médicos como de atención médica especializada, lo anterior en claro perjuicio de los derechohabientes de dicha institución de salud.

Las constantes disminución de los insumos médicos han dado lugar a la interposición de diversos juicios de amparo y recursos adicionales para solicitar a los tribunales el pronunciamiento en favor de los gobernados de sentencias que les permitan requerir al Instituto Mexicano del Seguro Social para que brinde y garantice la satisfacción de las necesidades en el plano de salud de los derechohabientes y con ello poder contar con un mandato judicial que obligue al Instituto a proporcionar los medicamentos necesarios para atender sus padecimientos y la provisión de atención médica de calidad que permita mejorar y optimizar el estado de salud del gobernado. 

En virtud de lo anterior se ha emitido un criterio jurisprudencial (1) que resulta de importancia tomar en consideración de donde se advierte que es procedente conceder la suspensión de plano en el juicio de amparo, ante la omisión de brindar atención médica al ponerse en peligro la integridad física e, incluso la vida del quejoso, independientemente de que en un juicio de amparo diverso se haya decretado la misma medida cautelar respecto de los mismos autos.

El criterio anterior resulta de relevancia al atender a un supuesto en donde el gobernado se ha visto en necesidad de acudir en múltiples ocasiones al último medio del que se dispone en el Estado para requerir el respecto de los derechos humanos a los que se encuentra obligado, por lo tanto, si es procedente la concesión de una o más veces la suspensión para evitar la actualización de violaciones injustificadas en sus derechos, la omisión manifiesta se refiere a una notoria omisión del deber de cuidado a cargo del Estado.

Por lo anterior existe una obligación a cargo del gremio para poner a disposición de los derechohabientes sus servicios con el objeto de interponer los medios que resulten necesarios para lograr que se garantice el acceso al derecho a la salud y con ello contribuir a mejorar la calidad de vida de los miembros de la sociedad.

 

(1) Época: Undécima Época, Registro: 2024150, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 04 de febrero de 2022 10:06 h, Materia(s): (Común), Tesis: I.13o.A.1 K (11a.) , SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA, AL PONERSE EN PELIGRO LA INTEGRIDAD FÍSICA E, INCLUSO, LA VIDA DEL QUEJOSO, AUN CUANDO EXISTA LA PRESUNCIÓN DE QUE EN UN DIVERSO JUICIO DE AMPARO SE DECRETÓ ESA MEDIDA CAUTELAR POR LOS MISMOS ACTOS.

 

 

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VALIDEZ DE LA IMPRESIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL ELECTRÓNICA

Lic. Mireya Martínez 

El 5 de abril de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL” con ello se introdujeron a nuestro ordenamiento jurídico los títulos profesionales y las cédulas profesionales electrónicas, la intensión legislativa fue, facilitar la comunicación entre los centros educativos y la Secretaría de Educación Pública. 

Se estableció entonces que, los títulos profesionales o grados académicos, para poder ser registrados por la Dirección General de Profesiones, deben ser recibidos en forma electrónica, conforme al estándar que requiriera la dependencia y contener la información prevista en el Reglamento citado.

El procedimiento necesario para la inscripción del título profesional y la posterior emisión de la cédula profesional debe realizarse por el interesado, es decir, se trata de un trámite a instancia de parte, con carácter personal, quien deberá exhibir solicitud firmada electrónicamente, nombre, lugar y fecha de nacimiento, exhibir CURP, nombre de la institución que otorgó el título profesional y la fecha de emisión del título a inscribir, mismo que, debe ser remitido directamente por la escuela correspondiente.

Luego entonces, no queda lugar a duda respecto que la cédula profesional electrónica es un documento público que acredita la patente para el ejercicio profesional, no obstante lo anterior, a pesar de ser el medio idóneo para acreditar el grado académico, los juzgadores en ocasiones discrecional e injustificadamente deciden desconocer el carácter de documental pública que le corresponde a la reproducción impresa del documento electrónico, a tal grado ha llegado dicha discrecionalidad que recientemente el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con Residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave se pronunció respecto de la validez que debe concederse a la impresión de la cédula profesional electrónica para acreditar la calidad de perito. 

Mediante registro: 2024066 publicado el 21 de enero de 2022 se publicó el criterio aislado con la voz “CÉDULA PROFESIONAL ELECTRÓNICA. CUANDO SU IMPRESIÓN REÚNE LOS ELEMENTOS QUE DEBE CONTENER PARA SU VALIDEZ, TIENE LA MISMA NATURALEZA QUE EL DOCUMENTO ORIGINAL O UNA COPIA CERTIFICADA, POR LO QUE ES IDÓNEA PARA ACREDITAR LA CALIDAD CIENTÍFICA O TÉCNICA DE LOS PERITOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1390 BIS 48 DEL CÓDIGO DE COMERCIO”, en este criterio el Tribunal Colegiado reconoció que, para poder reconocer la validez de la impresión de la cédula profesional electrónica lo único que debe tomarse en consideración es que se reúnan los elementos que permitan cerciorarse de su autenticidad y con ello se dará la certeza respecto de la autenticidad de la reproducción del documento público.

El criterio anterior formará sin duda parte de los pronunciamientos jurisprudenciales que facilitaran y unificaran el reconocimiento que se debe conceder a las reproducciones impresas del documento electrónico que contiene la cédula profesional electrónica, sin requerir a su tener elementos ajenos a los que se encuentran incorporados en el propio documento. 

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2020: Año de incertidumbre económica

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en sus Perspectivas Económicas para 2020, asegura que debido a la crisis social y sanitaria que ha generado la pandemia de COVID-19, los gobiernos se han visto forzados a implementar diversas políticas con el objeto de encaminarse hacia la recuperación.

Asimismo, organizaciones económicas nacionales e internacionales visualizan un panorama poco alentador ante los posibles escenarios del rumbo de la pandemia, ya que la actividad económica no vuelve ni puede volver a la normalidad en estas circunstancias.

En el caso de México, los economistas de la OCDE indican que la pandemia empujará a la economía a una grave recesión este año, impulsada por la contracción mundial, la caída del turismo, el descenso de los precios del petróleo y las necesarias medidas de confinamiento que se han adoptado.

De igual forma la población más desfavorecida y vulnerable, incluidos los trabajadores del sector informal, se verán especialmente afectados por la recesión.

Sin embargo, existe un escenario alentador, ya que se espera que las exportaciones sean más fuertes, como resultado de la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

Panorama Internacional

Para la economía mundial, la OCDE, encabezada por el mexicano José Ángel Gurría, prevé que mientras no haya una vacuna o tratamiento disponible de manera generalizada, los responsables de formular políticas en todo el mundo seguirán caminando por la cuerda floja.

El distanciamiento físico y la estrategia de testear, localizar, seguir y aislar (TTTI por sus siglas en inglés) serán los principales instrumentos para combatir la propagación del virus.

En este mismo orden de ideas, Laurence Boone, economista en jefe de la OCDE asegura que las políticas de recuperación de hoy darán forma a las perspectivas económicas y sociales en la próxima década. Las políticas monetarias ultra acomodaticias y una mayor deuda pública son necesarias y serán aceptadas mientras la actividad económica y la inflación estén deprimidas, y el desempleo esté alto.

Finalmente enfatiza Boone que los gobiernos deben aprovechar esta oportunidad para diseñar una economía más justa y más sostenible, haciendo que la competencia y la regulación sean más inteligentes, modernizando los impuestos, el gasto público y la protección social. La prosperidad proviene del diálogo y la cooperación. Esto es cierto a nivel nacional y global.

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Juzgados Civiles y Familiares próximos a reanudar actividades

A partir del 1 de julio del 2020 se reanudarán las actividades en las Salas y Juzgados Civiles y Familiares del Poder Judicial de la Ciudad de México en cumplimiento a lo ordenado en Acuerdo 05-19/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.

En consecuencia el órgano colegiado determinó el cumplimiento de diversas condiciones con el objetivo de resguardar la salud de los y las mexicanas, por lo que instruyen al personal adscrito a los órganos jurisdiccionales a realizar el trabajo de manera oficiosa, cuando el trámite por su naturaleza así lo permita.

Asimismo determinó que la organización, actividades, condiciones y demás disposiciones del acuerdo serán obligatorias para los servidores públicos del Poder Judicial de la Ciudad de México, abogadas y abogados postulantes, prestadores de servicio social, practicantes profesionales y público en general.

Los servidores públicos, se ajustarán a las condiciones, horarios y disposiciones del acuerdo, procurando la efectividad en el acceso a la justicia y tutela jurisdiccional efectiva, sin poner en riesgo la salud y vida de persona alguna y, transversalmente, con perspectiva de género, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, protección a grupos vulnerables, igualdad y no discriminación.

Para tal efecto, atendiendo a su condición de riesgo, el personal se presentará ante el órgano jurisdiccional para ejecutar sus labores presenciales, o bien, ejecutará aquellas actividades que sean posibles desde el resguardo domiciliario, según corresponda.

El Consejo de la Judicatura determinará, atendiendo al Semáforo de Evaluación de Riesgo Epidemiológico, el momento en el cual se incorporarán en forma presencial todas las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Ciudad de México o cualquier modificación a la organización del trabajo establecida en el presente acuerdo.

En relatadas circunstancias, las abogadas y los abogados postulantes, justiciables y público en general, que soliciten los servicios del Poder Judicial de la Ciudad de México, quedan vinculados al cumplimiento del presente acuerdo; por lo que deberán cooperar, organizarse y contribuir a su debida implementación en beneficio de su salud y la vida de todas las personas.

Por lo anterior, exhortan a todas las abogadas y abogados postulantes, Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados, Universidades e Instituciones públicas y privadas, así como al público en general, a que actúen a las disposiciones del presente acuerdo al ingresar a las instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México y hacer uso de los servicios que éste presta.

Y promoviendo los avances tecnológicos y  lo señalado en la legislación vigente, hagan uso de firmas electrónicas, así como de cualquier medio de comunicación, como correo electrónico, teléfono, mensajes de texto (SMS) y aplicaciones de mensajería móvil (WhatsApp, Messenger, Telegram, entre otras), para la ejecución de las notificaciones personales que se le deban realizar, haciéndoles un llamado también a que designen y autoricen cuentas de correo electrónico o números telefónicos para tales efectos en los expedientes a su cargo.

Por último, se les solicita a que sus promociones de término las ingresen ante los juzgados y salas durante su labor a puertas abiertas, a fin de contribuir a la reducción de flujo de personas en la Oficialía de Partes Común de Salas y Juzgados.

Para mayor información visita la página oficial del Poder Judicial de la Ciudad de México: https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/CIRCULAR_CJCDMX-18-2020_ACD_05_9_2020_reanudacion_actividades_civil_fam.pdf

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CJF permite realizar trámites en línea a través de la FIREL

¿Qué es y para qué sirve la FIREL?
La FIREL es un documento electrónico que permitirá al sector jurídico promover juicios de amparo y consultar los expedientes electrónicos relativos a esos juicios y a los diversos asuntos relacionados con ellos, así como recibir, en su caso, notificaciones electrónicas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

¿Cuáles son los beneficios de contar con la FIREL?
Promover demandas de amparo por medios electrónicos los 365 días del año.
Consultar por medios electrónicos los expedientes de los juicios de amparo en los que sea parte.
Promover por vía impresa o electrónica en los juicios de amparo en los que sea parte.
Realizar por medios electrónicos demandas de amparo e interponer recursos sin necesidad de acompañar copias de traslado para las demás partes.
Recibir notificaciones por vía electrónica si así lo solicita.
Las demandas de amparo, recursos y diversas promociones que presente con su FIREL producen los mismos efectos jurídicos que las suscritas con su firma autógrafa.

Antes de ingresar al portal digital, asegúrese de contar con:

Clave de revocación.
Clave de acceso a la llave privada.
El usuario asignará dos claves.
Las características que deben contener son mínimo 8 caracteres, con al menos una letra mayúscula, minúscula y números. Se recomienda memorizar y guardarla, ya que no hay manera de recuperarla.
Documentación en original o copia certificada de: Identificación oficial vigente. (Credencial para votar, cédula profesional, pasaporte o cartilla del S.M.N.)
Acta de nacimiento.
Comprobante de domicilio. (Con vigencia no mayor a tres meses, luz, agua, teléfono, tv de paga, no se aceptan estados de cuenta bancarios ni recibos de telefonía móvil).

¿Cómo conseguir su FIREL?

1.Ingrese a la dirección https://www.rel.pjf.gob.mx, Seleccione «Solicitud de un Certificado Digital de Firma Electrónica (FIREL)».

Descargue e instale en su computadora la aplicación «Generador del Requerimiento FIREL».

Dentro del generador seleccione la primera opción «Requerimiento de certificación FIREL», llene puntualmente los datos, asigne sus claves y resguarde en archivo FIREL. Se generará en su escritorio una carpeta de nombre FIREL con dos archivos (.req) y (.key).

Regrese a la página https:/www.rel.pjf.gob.mx Seleccione “Solicitud de un Certificado Digital de Firma Electrónica (FIREL)» y adjunte el archivo (.req).

Llene el formulario de Solicitud de Certificado Digital y adjunte sus 3 documentos digitalizados legibles, por separado, en archivo (.PDF) con un peso máximo de 1MB cada uno.

IMPORTANTE La carpeta FIREL contendrá 4 archivos (cer .req .key .pfx).

Agende su cita en el Módulo de Atención del Órgano de su preferencia (SCJN, TEPJF y CJF) seleccionando fecha y hora. Imprima por duplicado el acuse.

Acuda personal y puntualmente a su cita con la documentación que ingresó al sistema, en original o copia certificada, así como con el acuse impreso por duplicado.

El agente certificador cotejará sus documentos, tomará su fotografía, digitalizará su rma autógrafa, registrará sus huellas digitales y le solicitará rmar el acuse de recibo.

Se autorizará la emisión de su Certificado Digital y se le enviará por correo electrónico el procedimiento a seguir para que descargue su Certificado (.cer).

10.Para finalizar, regrese a la aplicación «Generador del Requerimiento FIREL», seleccione la opción «Crear archivo PFX», adjunte el archivo (.key) y (.cer) y su clave de la llave privada.

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Lineamientos de Seguridad en el entorno laboral

En aras de preservar un ambiente laboral con las condiciones sanitarias óptimas para el retorno a la nueva normalidad, la  Secretaría de Salud, en coordinación con las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, publicaron los lineamientos de seguridad para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas.

A continuación detallamos las estrategias de control que incluyen promoción de salud, capacitación y organización de los trabajadores para prevenir y controlar la propagación del virus:

En áreas de entrada y salida:

– Filtro sanitario que incluya determinación de la temperatura corporal.

– Control de visitas, proveedores y contratistas, en materia de higiene, sana distancia, uso obligatorio de cubrebocas.

En áreas de trabajo:

– Facilitar teletrabajo por condiciones de salud, edad, gestación o lactancia.

– Las reuniones de trabajo se realizarán preferentemente por teléfono o videoconferencia.

– Desinfección de limpieza en superficies y objetos de contacto común.

– Mecanismos de supervisión del cumplimiento a los lineamientos de higiene y limpieza.

– Código de ética que establezca los lineamientos de no discriminación para personas que hayan tenido COVID-19.

– Lineamientos de restricción de viajes locales o internacionales, en caso de que sea necesario viajar, lineamientos sobre medidas preventivas antes, durante y después del viaje.

Capacitación:

– El personal directivo de las acciones a realizar para prevenir y evitar cadenas de contagio podrá hacer uso del material de CLIMSS ubicado en https://climss.imss.gob.mx/

– La capacitación debe ser de manera presencial, respetando la sana distancia.

Promoción a la salud:

– Contar con un programa de salud física y mental para los trabajadores, referente a los cuidados de COVID-19, el cual deberá incluir: un protocolo para manejo de trabajadores sospechosos, confirmados y su reincorporación laboral; así como de promoción, prevención y atención y seguimiento de los estados de salud de los trabajadores.

– Contar con lineamientos para la identificación de factores de riesgo psicosocial, como violencia laboral, carga mental, etc.

Planeación y gestión:

– Contar con un comité o persona responsable de la implementación, seguimiento y supervisión de las medidas implementadas.

– Listado de teléfonos de emergencia que incluya las instancias de contacto en caso de emergencias sanitarias.

MEDIDAS ESTRUCTURALES
En accesos:

– Dividir el acceso de personal por barreras físicas a fin de contar con espacios específicos para el ingreso y salida de personal.

– Colocar en los accesos jergas o tapetes sanitizantes con hipoclorito de sodio con concentraciones de por lo menos 0.5%.

– Colocar dispensadores de alcohol al 70% o gel desinfectante.

– Sensores a distancia para tomar la temperatura corporal.

– Habilitar un área de estancia para casos detectados con temperatura mayor a 37.5 C.

En áreas comunes:

– Contar con lavamanos, jabón y toallas de papel desechable, gel desinfectante.

– Ventilación natural.

– En espacios donde haya dos o más trabajadores delimitar el área por barreas físicas protegiendo el frente y laterales de los trabajadores.

– Señalizar con marcas en el piso una distancia de al menos 1.5 metros entre cada trabajador.

– Contar con dispensadores de gel antibacterial.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

– Proporcionar tres cubrebocas desechables por trabajador y lentes con protección lateral, superior e inferior de ojos.

INSUMOS

– Material para colocar barreras físicas en el acceso y en el área de trabajo.

– Jergas o tapetes sanitizantes.

– Hipoclorito de sodio de al menos 0.5%.

– Dispensadores de gel antibacterial.

– Sensores a distancia para tomar la temperatura.

– Jabón y toallas de papel desechable.

– Material para señalizar el piso.

– Cubrebocas y lentes para el personal.

– Pañuelos desechables.

– Bolsas de plástico.

Es importante recalcar que en ningún momento las empresas podrán reiniciar labores sin la autorización del IMSS, por lo que deberán recurrir al documento denominado “Autoevaluación del Protocolo de Seguridad Sanitaria” publicado en la plataforma http://nuevanormalidad.gob.mx/

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Hacia una concientización en materia de derechos humanos

La igualdad de género parte del postulado de que todos los seres humanos tienen la libertad de desarrollar sus habilidades personales y hacer elecciones sin estar limitados por estereotipos, roles de género rígidos o prejuicios. A su vez,  implica que se han considerado los comportamientos, aspiraciones y necesidades específicas de las mujeres y de los hombres con el objetivo de eliminar cualquier forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida. Lo que se traduce en que los derechos, responsabilidades y oportunidades no dependen de haber nacido mujer u hombre.

En consecuencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), procurando que el derecho a la igualdad no sólo se encontrará plasmado en la ley, sino que fuera llevado al plano de los hechos y así pudiera  ser garantizado a toda la comunidad, publicó en el año 2013 el protocolo para juzgar con perspectiva de género, haciendo realidad el derecho a la igualdad.

Ante la pandemia mundial de COVID-19, la SCJN, a través de la Unidad General de Igualdad, pone a la disposición de la comunidad un espacio virtual que busca cuestionar, analizar y comprender a través de bibliografía especializada, el periodismo y la literatura, sobre cuestiones relativas a los derechos humanos de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual.

En este Círculo, se comparten lecturas que podrán consultar así como vídeos de temas relacionados con perspectiva de género y entrevistas a personas involucradas en los derechos humanos de las mujeres y las personas de la diversidad sexual.

¿Cómo juzgar con perspectiva de género?
Identificar si existen situaciones de poder que por razón de género provoquen un desequilibrio entre las partes de la controversia.

Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando estereotipos de género.
En caso de que el material probatorio sea insuficiente para aclarar la vulnerabilidad, violencia o discriminación, se ordenarán las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones.

Si existe desventaja, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, a fin de buscar una solución igualitaria.
Aplicar los estándares de derechos humanos a las personas involucradas.

Evitar en todo momento el uso de un lenguaje basado en estereotipos o prejuicios y sustituirlo por uno incluyente libre de discriminación.

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