OBLIGACIONES BILATERALES O SINALAGMÁTICAS EN EL CONTRATO DE SEGURO POR DAÑOS.

Hechos: Un Tribunal Colegiado de Circuito y un Pleno de Circuito, ambos en materia civil, pero de distinto Circuito, llegaron a conclusiones distintas al determinar cuál es la fuente de obligaciones recíprocas entre el asegurado y la aseguradora cuando se reclama el cumplimiento de un contrato de seguro contra daños en términos de los artículos 111 y 116 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, y si existe un orden en el cumplimiento de estas obligaciones; es decir, si antes que la empresa aseguradora proceda al pago de la indemnización por el siniestro, el beneficiario debe ofrecer elementos con los que garantice a la empresa aseguradora que quedará subrogada en sus derechos una vez pagada la indemnización, o si por el contrario, dicha indemnización no puede condicionarse a que el asegurado garantice la subrogación.

 

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera por una parte, que la fuente de las obligaciones bilaterales de pago de indemnización y de subrogación entre el asegurado o beneficiario y la empresa aseguradora proviene de la propia Ley sobre el Contrato de Seguro, y no de la relación contractual ni de la sentencia que condene a la empresa aseguradora al pago indemnizatorio en favor del asegurado o beneficiario y, por otra, que la indemnización, reposición o reparación del bien a causa del siniestro no puede condicionarse a que el asegurado garantice a la empresa aseguradora que quedará subrogada en sus derechos una vez que lleve a cabo cualquiera de estas acciones.

 

Justificación: Para comprender el auténtico significado de los artículos 111, párrafo primero, y 116 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, es necesario acudir al artículo 2058 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a dicho ordenamiento, el cual dispone que la subrogación es una forma de transmisión de las obligaciones que se verifica por ministerio de ley y sin necesidad de declaración alguna de los interesados; es decir, que las consecuencias de un hecho jurídico se producen instantáneamente por expresa disposición legal en la que no intervienen ni los interesados ni el órgano estatal de autoridad. En la Ley sobre el Contrato de Seguro, la subrogación, entonces, es un derecho que corresponde a la aseguradora por «ministerio de ley», es decir, que opera cuando, ocurrido el siniestro, se indemniza o, en su defecto, se repone o repara a satisfacción del asegurado la cosa asegurada (lo que libera del monto indemnizatorio); momento a partir del cual la empresa aseguradora adquirirá los bienes dañados y, por ende, quedará como dueña de éstos y podrá repetir en contra del tercero que ha causado el daño y siempre que la subrogación no sea impedida por hechos u omisiones que provengan del asegurado y no se encuentre en alguno de los casos de excepción. Esto es así, porque si se parte de la buena fe contractual, no se soslaya que la empresa puede solicitar la documentación que estime necesaria para proceder al pago de la indemnización, reposición o reparación de los bienes asegurados, pero lo cierto es que la ley impide a la empresa condicionar el pago de la indemnización a que el asegurado garantice que la empresa podrá subrogarse, ya que la naturaleza del contrato de seguro es que el daño causado por terceros en perjuicio de los bienes del asegurado sea indemnizado, repuesto o reparado por la empresa al dueño de la cosa, quien, ocurrido ello, no podrá cobrar al tercero que causó el siniestro en tanto esta situación provocaría un enriquecimiento ilegítimo. Luego, el pago indemnizatorio o, en su caso, la reposición o reparación a satisfacción del asegurado de la cosa asegurada no depende de que el asegurado garantice que la empresa recuperará del tercero que causó el siniestro, la cantidad que deberá pagar a aquél por este concepto o por el costo de la reposición o reparación, sino que el derecho a subrogarse surge por el hecho de haber resarcido el daño hasta por las cantidades efectivamente pagadas o, si fuere mayor a la suma pagada, en la proporción que les corresponda tanto a la empresa como al asegurado. Consecuentemente, el derecho a la subrogación surge con posterioridad al pago del siniestro o evento dañoso oportuna y legalmente avisado y en el que el contratante aportó los elementos de convicción y procedencia del reclamo; por tanto, estas obligaciones bilaterales o sinalagmáticas no se sujetan al contrato de seguro correspondiente ni a la decisión jurisdiccional que determine esta situación; sino que operan el pago y luego la subrogación, en este orden, por disposición expresa de la ley. Así, en el caso específico del contrato de seguro, las obligaciones sinalagmáticas que indican los artículos 111 y 116 nacen cuando: a) El asegurado o beneficiario cumple, primero, con una obligación de hacer, al dar el aviso oportunamente (plazo convenido o plazo legal de 5 días naturales) a partir de que sucedió el evento dañoso o siniestro y, luego, con una obligación de dar, al entregar la información y documentación que sustente la procedencia del reclamo; b) La empresa aseguradora realiza el pago de la indemnización o, en su caso, restituye o repara el daño, ya sea por declaración unilateral de la aseguradora o por haber sido obligada judicialmente; y, c) Hecho el pago, la reparación o la restitución, la empresa aseguradora adquiere los efectos salvados y se subroga en todos los derechos y acciones contra terceros que, por causa del daño sufrido, correspondan al asegurado como consecuencia del riesgo cubierto. De ahí que, tanto la indemnización como la subrogación en el contrato de seguro por daños operan por ministerio de ley y, desde luego, no pueden sujetarse a estipulación convencional de las partes ni a las acciones, excepciones y defensas dentro de un proceso judicial. En primer lugar, porque la ley establece que será nula cualquier cláusula que sujete el pago a reconocimiento de la empresa o de la autoridad judicial, aun convenida por ambas partes, y, luego, porque ante disposición legal expresa, en un juicio no se determina la forma en que operará la subrogación, sino demostrar la procedencia de un reclamo mediante un litigio entablado entre el contratante y la empresa aseguradora, en tanto operan en ese orden, sin necesidad de garantía, declaración de los interesados ni de órgano estatal alguno.

 

PRIMERA SALA.

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TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS BANCARIAS. CUANDO LA DIRECCIÓN DE PROTOCOLO DE INTERNET (IP) TIENE UN LUGAR DE ORIGEN INUSUAL Y A PESAR DE ELLO EL BANCO AUTORIZA LA OPERACIÓN SIN ANTES SUSPENDER EL SERVICIO DE BANCA ELECTRÓNICA O RECHAZAR LA TRANSACCIÓN PRECAUTORIAMENTE, DEBE CONSIDERARSE QUE EL CLIENTE NO OTORGÓ SU CONSENTIMIENTO, AUN CUANDO SE HAYAN UTILIZADO TODOS LOS FACTORES DE AUTENTICACIÓN NECESARIOS PARA APROBARLA.

 

Hechos: En un juicio oral mercantil el cuentahabiente demandó a la institución de crédito por la nulidad de una transferencia electrónica bancaria; seguida la controversia en todas sus etapas, el Juez responsable emitió sentencia definitiva en la cual declaró la nulidad absoluta de la operación, principalmente, por considerar que no existía certeza de que el cuentahabiente otorgó su consentimiento en la transacción, pues el lugar de origen de la dirección de protocolo de Internet desde donde se realizó no era usual para la actora, al corresponder al área geográfica de otro país.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando la dirección de protocolo de Internet (IP) tiene un lugar de origen inusual de operaciones del cuentahabiente y a pesar de ello el banco la autoriza sin suspender el servicio de banca electrónica o rechazar la transacción precautoriamente, debe considerarse que el cliente no otorgó su consentimiento, aun cuando se hayan utilizado todos los factores de autenticación necesarios para aprobar la transferencia electrónica bancaria.

Justificación: Lo anterior, porque de los artículos 316 Bis 2, fracción I, inciso b), 316 Bis 13 y 316 Bis 15, fracción I, inciso d), de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005 y modificadas mediante resolución publicada en el mismo medio de difusión el 27 de enero de 2010, se advierte que los bancos deberán proveer lo necesario para que una vez autenticado el usuario en el servicio de banca electrónica de que se trate, la sesión no pueda ser utilizada por un tercero y que, para efectos de lo anterior, las instituciones deberán establecer, al menos, los mecanismos de seguridad del sistema de banca electrónica siguientes: dar por terminada la sesión en forma automática e informar al usuario cuando en el curso de una sesión del servicio de banca por Internet, la institución identifique cambios relevantes en los parámetros de comunicación del medio electrónico, tales como la identificación del dispositivo de acceso «rango de direcciones de los protocolos de comunicación, ubicación geográfica, entre otros»; asimismo, las instituciones están facultadas para detectar y prevenir eventos apartados de los parámetros de «uso habitual» de los usuarios, como suspender la utilización del servicio de banca electrónica o, en su caso, de la operación que se pretenda realizar (lo que implica rechazarla), en el evento de que cuenten con elementos que hagan presumir que el identificador de usuario o los factores de autenticación no están siendo utilizados por el propio usuario; igualmente, que en las bitácoras generadas de su parte, las instituciones de crédito deberán registrar las direcciones de los protocolos de Internet o similares. Con base en lo anterior, el hecho de que el protocolo o dirección de protocolo de Internet desde la cual se originó la operación cuya nulidad se pretende, corresponda a una área geográfica de otro país, cuando el domicilio principal del cliente registrado en el contrato bancario está ubicado en México, y el objeto de dicha operación haya sido la transferencia de miles de pesos, ante los ojos de cualquier observador racional, constituye una actividad inusual que amerita, por precaución básica, dar por terminada la sesión automáticamente y suspender la utilización del servicio de banca electrónica o rechazar la operación, con base en la interpretación armónica y aplicación de los preceptos 316 Bis 2, fracción I, inciso b) y 316 Bis 13 citados. Así, el hecho de que la operación impugnada se haya originado desde esa dirección de protocolo de Internet inusual (de Israel, sea porque quien robó la identidad haya estado verdaderamente en ese país o haya utilizado un programa para disfrazar su ubicación real a través de ese protocolo), y aun así la institución de crédito haya autorizado la transferencia, revela que el banco omitió seguir los procedimientos establecidos normativamente para la fiabilidad de la operación y, por el contrario, ello demuestra la falta de seguridad de sus sistemas electrónicos, pues un dato tan grave y evidente como lo es lo inusual de la ubicación geográfica de la dirección de protocolo de Internet de donde procedió la operación, no fue detectado por sus mecanismos de seguridad. De ahí que ante la apuntada deficiencia en los filtros de seguridad de la institución de crédito en la prestación del servicio de banca electrónica, no puede considerarse que el cuentahabiente otorgó su consentimiento en la operación impugnada, a pesar de que se pudieran o no haber utilizado todos los datos de autenticación del cliente, como lo pueden ser nombres de usuarios, claves, claves dinámicas derivadas de tokens, o cualquier otro factor de autenticación, pues es sabido que los grupos delictivos obtienen los datos confidenciales de los clientes a través de engaños, que luego pueden usarse para autenticar transacciones fraudulentas.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

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Juez falla a favor de víctimas por caída de la tirolesa

El pasado 14 de julio de 2022, el Juez Décimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México dictó una resolución condenatoria en contra las propietarias de una tirolesa, por la caída ocasionada debido a la negligencia de su personal, el cual no contaba con la capacitación necesaria para operar el artefacto. 

 

Dicha circunstancia fue probada en juicio por este despacho, por lo que el juzgador dictó a favor de las víctimas una indemnización por diez millones de pesos.

 

El quantum se realizó con base a la “justa indemnización” que tiene su fundamento legal en el artículo 1° Constitucional y en el numeral 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y del cual se ha pronunciado en reiteradas ocasiones la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Requisitos formales del requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil.

Colaboración de: Lic. Karina Ventura y Lic. Alan López

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1391 del Código de Comercio, el procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que trae aparejada ejecución, esto es, preexiste al procedimiento un crédito cierto, líquido y exigible, al que la ley le confiere valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario o demostración de falsedad. De modo tal, que la realización del derecho se reclama, precisamente, mediante un proceso ejecutivo que se tramita de forma sumaria. 

Por tanto, el juicio ejecutivo mercantil se trata de un procedimiento que se emplea por un acreedor contra su deudor moroso para exigirle de manera sumaria el pago de un crédito vencido que consta en algún documento que trae aparejada ejecución, es decir, con fuerza legal suficiente para acreditar que el derecho del acreedor es legítimo y debe ser ejecutado. 

La relevancia de la preexistencia del crédito cierto, líquido y exigible es tal, que el legislador resolvió implementar incluso al primer auto dictado al admitirse a trámite la demanda presentada por el actor, una resolución denominada, auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma –auto de exequendo-, el cual se encuentra previsto en el artículo 1392 del Código de Comercio, en donde se prevé el dictado de un auto de ejecución para requerir al demandado el pago y en caso de no hacerlo se ordena el embargo de bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, poniéndolos bajo la responsabilidad del ejecutante, en depósito de persona que sea designada. 

Tomando en consideración la importancia y trascendencia de la ejecución precautoria, el legislador previó igualmente formalidades más rigurosas en la primera diligencia que se entenderá con el demandado, sus parientes, empleados, domésticos o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado por el actor para que el demandado sea requerido de pago. 

En virtud de lo anterior, resulta de especial relevancia tomar en consideración lo dispuesto por los artículos 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1061 y 1075 del Código de Comercio, relacionados con los artículos 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 459 y 460 del Código Federal de Procedimientos Civiles de donde se advierten las formalidades que deben observarse en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a juicio. 

La diligencia de requerimiento de pago, iniciará cerciorándose el Secretario Actuario de que se constituye en el domicilio señalado por el actor y que dicho domicilio corresponde al deudor, una vez que existe plena certeza respecto del domicilio, lo subsecuente será la identificación del Secretario Actuario, ante la persona que encontrándose en el domicilio le atienda, inmediatamente requerirá a dicha persona la presencia del deudor, en caso de no entenderse personalmente con el buscado solicitará a la persona con quien se entienda la diligencia para que manifieste la relación que lo une con el demandado, en este supuesto se deberá dejar citatorio al buscado para que lo espere en un lapso comprendido entre las 6 y las 72 horas posteriores y en caso de que no lo aguarde, se practicará la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento con los parientes, empleados, domésticos o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado.

El notificador únicamente deberá asentar en el citatorio relativo: i) que se cercioró de encontrarse en el domicilio del demandado; ii) que no encontró al buscado; iii) que indica hora fija dentro de las seis y setenta y dos horas siguientes para que lo espere en el domicilio a efecto de llevar a cabo la diligencia de notificación; iv) que dejó el citatorio con un pariente, empleado doméstico o con cualquier otra persona que se encontraba en el domicilio, indicando preferentemente, el nombre de la persona con quien se entendió la diligencia; y, v) la firma del notificador. Así, toda vez que el citatorio es un mero documento previo a la ejecución, bastará que contenga los requisitos señalados para ser legal, sin necesidad de elementos adicionales tales como la firma de la persona con la cual se dejó el documento previo a la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil, pues ello solo es indispensable al momento de llevar a cabo la notificación.

En la continuación de la diligencia el Secretario Actuario procederá a requerir de pago al buscado o a la persona con la que ante su ausencia atienda la diligencia, y en caso de no realizarse, le requerirá para que señale bienes suficientes para embargo, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo dicho derecho pasará al actor, hecho lo cual se procederá al emplazamiento a juicio, debiendo certificar y describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que se corre traslado. Tal formalidad debe identificarse en el acta de la diligencia correspondiente.

Una vez concluida la diligencia, deberán entregarse al buscado o a la persona con la que se entienda la misma, la cédula de notificación, acta de la diligencia, demanda y documentos anexos, para que el demandado comparezca ante la autoridad judicial para hacer valer sus derechos. 

Por todo lo anterior, la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento debe cumplir con los requisitos formales exigidos en ley para garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos de audiencia y debido proceso.

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Avanza Ley Federal de Ciberseguridad en el Congreso

En México es necesario fortalecer la ciberseguridad para salvaguardar el uso de las redes, los sistemas de información y comunicaciones, con medidas específicas para contribuir a la promoción de un ciberespacio seguro y confiable

Esto ya que en la actualidad, el crecimiento global de las redes digitales, la información y los sistemas han impulsado la innovación tecnológica que ha permitido a la sociedad mejorar su calidad de vida. Por ello,se requiere un marco regulatorio innovador, toda vez que hay ausencia de programas efectivos y una baja cultura de concientización, que nos pone como blanco frente a los ataques cibernéticos, que pueden detener el avance de nuestro país en el uso de las tecnologías.

En este contexto, existen trece iniciativas en materia de ciberseguridad que se han presentado a los legisladores en México, nueve son propuestas de modificaciones de ley; cuatro son propuestas de ley de ciberseguridad y de éstas, tres fueron analizadas por el comité de Asuntos Regulatorios del Consejo de Expertos en Regulación y Ciberseguridad (CERC) formado por la empresa de ciberseguridad Metabase Q y distintos especialistas del sector público y privado.

Actualmente, el Congreso de la Unión avanza en la propuesta de crear una Ley Federal de Ciberseguridad que definiría las responsabilidades del Estado frente a plataformas tecnológicas, desde Facebook (Meta) hasta las criptomonedas.

El compromiso de las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados y del Senado es contar con un primer borrador en septiembre próximo. Asimismo buscan arribar a la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad; Fuerzas Armadas y fiscalías, grandes aliados para prevenir los ciberdelitos.

El análisis que senadores y diputados realizan incluye la definición de los delitos en este ámbito, bajo el reconocimiento de que la ciberdelincuencia puede efectuarse desde la computadora de un hacker de 16 años o por organizaciones que deliberadamente diseñan ataques políticos para desestabilizar un país.

Con aportaciones de representantes de la administración pública, incluido el gabinete de seguridad, y empresarios vinculados al ciberespacio, legisladores de ambas cámaras preparan el documento de trabajo que serviría de base para formular el proyecto de ley durante el segundo año de la actual Legislatura.

Finalmente el proceso de legislación en materia de ciberseguridad, implica además la capacitación de ministerios públicos para cuando se abran espacios que atiendan delitos especiales o ciberdelitos.

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COFECE analizará los servicios financieros a través de estudio de mercado

El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece o Comisión) aprobó la realización de un estudio en materia de libre concurrencia y competencia económica en los mercados de servicios financieros digitales y mercados relacionados.

Con este estudio, fundamentado en el artículo 12 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), fracción XXIII, se analizará la estructura, funcionamiento y marco regulatorio de estos servicios, además de que -en su caso- se presentarán recomendaciones a las autoridades del sector para mejorar su funcionamiento.

El estudio resulta pertinente porque los servicios prestados en estos mercados inciden en las actividades productivas, así como en las opciones disponibles para los usuarios financieros.

Asimismo, el organismo puntualizó que los servicios financieros digitales considerados en el estudio –entre éstos los de pagos electrónicos y de financiamiento colectivo–, son ofrecidos por las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), también conocidas como fintech.

Alejandro Faya, comisionado de la Cofece, explicó que este tipo de instituciones pueden ejercer presión competitiva sobre la banca, al llegar a nichos tradicionalmente desatendidos, pero que, de manera preliminar, se advierte un marco regulatorio rígido que estaría limitando el florecimiento del sector.

“Reconocemos que hay mucha razón prudencial, hay justificaciones válidas para regular temas prudenciales, de riesgos financieros, de proteger los intereses de los usuarios, pero sí hay una serie de principios que tendrían que guiar a este sector, que no necesariamente se están cumpliendo”,explicó.

Además, detalló que la carga regulatoria debería ser proporcional al riesgo, y que tendría que haber neutralidad tecnológica, flexibilidad, pues en ocasiones hay ciertas asimetrías que se aplican a las ITF frente a los bancos tradicionales.

“La ley contempla pruebas (sandbox) en ambientes controlados para ver cómo funcionan modelos novedosos, pero es tan rígido y es tan poco el tiempo, que es un modelo que no ha servido de gran cosa”, arguyo.

Finalmente, el comisionado destacó que aunque la llamada Ley Fintech, regula sólo a las Instituciones de Fondeo Colectivo (IFC) y las de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), el estudio no se limitará a estas categorías, al ser un ecosistema muy dinámico.

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