Prenda sin transmisión de posesión

Por: Karina Ventura

El derecho mercantil es una de las áreas con mayor versatilidad en el ejercicio de la abogacía, y encuentra su fundamento en el constante intercambio comercial que ha tenido mayor desarrollo por la interconexión que existe actualmente en el mundo, lo que desde luego se encuentra directamente relacionado con la globalización.

Tomando en consideración dicha circunstancia, ha traído como consecuencia que se hayan acortado las distancias, facilitando el intercambio de bienes, servicios e incluso personas, disminuyendo así las fronteras entre los países, y estrechando las relaciones comerciales, razón por la cual, se ha vuelto necesario adecuar las figuras jurídicas para permitir dicho intercambio. 

Para facilitar los procesos mercantiles ha sido siempre un requisito la existencia de créditos que permitan a las empresas llevar a cabo la prestación de sus servicios o la producción de sus mercancías, para ello, se han creado diversos medios para documentar los créditos correspondientes, así como formas para garantizar la responsabilidad derivada del incumplimiento de las obligaciones contraídas por los acreditados, mismas que permiten a los acreditantes tener certeza de que las obligaciones adquiridas por su acreditado serán satisfechas o, por lo menos, existirá un medio para recuperar las cantidades concedidas. 

Una forma que ha sido utilizada por los deudores para garantizar una cantidad adeudada, sin que sea necesario desprenderse de sus bienes, ha sido la prenda sin transmisión de posesión, lo que permite a los deudores seguir manteniendo la posesión de sus bienes y con ello tener la posibilidad de generar recursos que en su momento permitirán cubrir el importe adeudado al acreditante.

La prenda sin transmisión de posesión como se refirió con antelación se introduce vista la necesidad que existía en la materia mercantil para que el deudor mantuviera la posesión de sus bienes y con ello se encontrara en posibilidad de continuar laborando o produciendo, para eventualmente liberarse de su deuda. Lo anterior derivado de la dificultad que se presentaba para seguir con su objeto y en su momento liberarse de la deuda ante la desposesión de los bienes necesarios para su empresa, y por lo tanto, derivaban los incumplimientos que lo obligaban a cubrir intereses moratorios que incrementaban los adeudos contraídos, siendo cada vez más difícil el cumplimiento de sus obligaciones contractualmente contraídas. 

La materia mercantil siempre se ha caracterizado por una mayor laxitud que ha permitido el intercambio generalizado de bienes y servicios, es por ello que, la prenda sin transmisión de posesión se adecua a esta área del derecho, tomando como base la legislación civil. Lo que se busca desde luego, es la posibilidad de continuar con relaciones comerciales estables y rápidas que permitan el intercambio eficiente de bienes y servicios.

La naturaleza jurídica de la prenda sin transmisión de posesión es un derecho real sobre bienes muebles y que impiden al acreditado enajenarlos sin contar con el consentimiento previo por parte del acreditante, quien se convierte en un acreedor preferente respecto de los mismos. El objeto de la prenda es, como ya se mencionó con anterioridad, garantizar la responsabilidad derivada del incumplimiento de una obligación. Así mismo, la constitución del derecho real genera una prelación en el pago respecto de los bienes que el deudor tiene a su resguardo en su carácter de depositario, lo que toma especial relevancia al momento de la ejecución de la garantía otorgada.

El proceso para lograr la ejecución de la prenda sin transmisión de posesión se encuentra previsto en el Libro Quinto Título Tercero Bis de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la cual establece un procedimiento específico que guarda cierta similitud con las disposiciones aplicables al fideicomiso de garantía con la salvedad de que no existe transmisión de propiedad por parte del acreditado, quien, como se ha manifestado mantiene la propiedad y posesión de sus bienes.

Los contratos mediante los cuales se documente la constitución de garantías de prenda sin transmisión de posesión tendrán el carácter de mercantiles para todas las partes que intervengan en ellos.

La cantidad que con la prenda se garantice podrá ser determinable al momento de su constitución, sin embargo, deberá ser determinada al momento de su ejecución, pues de no ser así no existiría certidumbre respecto de la cantidad que con la prenda se pretendió garantizar, lo que devendría en un perjuicio tanto para el acreedor como para el deudor, pues no existiría medio de garantía que proporcione certidumbre jurídica.

Según lo determinen las partes, la cantidad garantizada podrá incluir los intereses ordinarios, moratorios e incluso los gastos erogados por el proceso de ejecución de la garantía.

Se permite que el deudor pueda hacer pagos parciales, mismos que reducirán el importe garantizado con la prenda y que deberán disminuirse proporcionalmente sobre el o los objetos que se encuentren sujetos a la prenda sin transmisión de posesión, si dichos bienes fueren cómodamente divisibles, los pagos podrán liberar parcialmente a cada uno de ellos, hasta su total liberación.

La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito hace referencia a la divisibilidad jurídica de los bienes sujetos a la garantía, sin embargo, debe tenerse en cuenta que dicha divisibilidad atiende a su naturaleza física, toda vez que, la disminución en el monto adeudado podrá liberar a cada uno de los bienes afectados. Debe tomarse en cuenta que los bienes pignorados deben identificarse plenamente, para evitar la existencia de duplicaciones que hagan imposible la ejecución de la prenda en caso de que resulte ser necesario derivado del incumplimiento de las obligaciones contraídas.

Prenda sin transmisión de posesión: Bienes que pueden ser dados en garantía. 

De continuidad con lo expresado en el artículo anterior, la Ley prevé un listado sobre los bienes que pueden ser dados en garantía, empero, es menester cuestionar si existe la posibilidad de dar en prenda bienes futuros o bienes ajenos al deudor. 

En un primer momento se podría responder que no sería posible constituir una garantía sobre un bien cuya titularidad o existencia no es cierta al momento de su constitución, sin embargo, pudiera suceder la hipótesis en donde la cantidad adeudada sea destinada a la adquisición de bienes que serán en su momento objeto de garantía, lo que desde luego debería ser permitido y amparado por nuestro ordenamiento jurídico.

En opinión de la autora los bienes ajenos no deberían ser dados en prenda, salvo que se cuente con el aval del legítimo propietario, pues de lo contrario, en un supuesto de ejecución este podría oponerse, desvirtuando la naturaleza propia de la garantía, lo que haría difícil para el acreedor ver satisfecho su derecho de crédito y con ello se estaría traicionando la confianza que en algún momento le llevó a celebrar el acto jurídico que dio origen a la obligación del deudor.

Los bienes que derivan como frutos o productos futuros, pendientes u obtenidos de los bienes anteriores pueden ser objeto de prenda, dicha figura se protege en el derecho anglosajón en donde se reconoce la posibilidad de constituir garantía sobre los bienes que sean producidos con la maquinaría sujeta a la garantía constituida por su propietario y con ello se hace extensivo el derecho pignoraticio del acreedor respecto de los frutos civiles del deudor, lo que de nueva cuenta tiene por objeto brindar seguridad jurídica al acreedor.

La principal ventaja que ofrece la constitución de la prenda sin transmisión de posesión es el derecho del deudor prendario para hacer uso de los bienes pignorados, puede usarlos para la fabricaciones de otros bienes, siempre y cuando su valor no se vea disminuido más allá del detrimento natural derivado de su uso adecuado, pues de no hacerlo así estaría incurriendo en responsabilidad y se le podría exigir que señale nuevos bienes muebles que sean objeto de la garantía para proporcionar al acreedor mayor seguridad respecto de la responsabilidad en que se podría incurrir con motivo del incumplimiento de las obligaciones contraídas.

El deudor igualmente podrá percibir y utilizar los frutos y los productos de los bienes pignorados, pues, lo que se busca es que genere ingresos que le permitan en algún momento liberarse de sus obligaciones contraídas y garantizadas con la constitución de la garantía prendaria.

Tratándose de las facultades de quienes constituyen el gravamen real, debemos tomar en cuenta la actividad preponderante del deudor pignoraticio, si no está en el objeto normal, entonces es posible que nos encontremos en un caso actos ultra vires, es decir, no son ordinary contract bussines, por lo tanto, se requiere mención especial sobre la capacidad para constituir este tipo de garantías.

Según lo dispuesto por el artículo 344 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito el acreedor prendario no podrá hacerse dueño de los bienes o títulos que se hayan dado como garantía sin el expreso consentimiento de su deudor, es decir, las partes si podrán pactar que en caso de incumplimiento el acreedor pueda volverse propietario de los bienes dados en garantía, siempre que exista el consentimiento expreso del deudor.

En términos generales se puede dar certeza de una obligación futura, pero para ejecutar una garantía siempre es requisito que la obligación asegurada sea exigible, pues su objeto es avalar la responsabilidad derivada del incumplimiento de obligaciones contraídas. A contrario sensu se puede interpretar que, con la prenda tradicional no se pueden garantizar obligaciones futuras.

Por lo anterior, se concluye que la prenda sin transmisión de posesión resulta ser una opción viable para facilitar la garantía derivada del incumplimiento de las obligaciones contraídas por el acreditado, permitiéndole continuar con sus actividades normales y por ende, poder liberarse de sus obligaciones.

CNBV emite nuevas sanciones al sector fintech.

Las primeras sanciones por infringir la Ley para Regular Instituciones de Tecnología Financiera llegaron al mismo tiempo que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitiera autorizaciones para operar como una Institución de Fondos de pago electrónico o de financiamiento colectivo. 

Durante el mes de septiembre, en la actualización del portal de sanciones de la CNBV surgieron tres nuevas multas a plataformas relacionadas al sector fintech. Es así que la Comisión ha realizado un total de 23 sanciones relacionadas con el sector que suman un total de 47 millones 794,000 pesos.

Según lo informa el portal de sanciones de la CNBV, dichas multas  generadas a las distintas plataformas o personas físicas  están conectadas a infracciones a la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, o Ley Fintech, la de Instituciones de Crédito, la del Mercado de Valores, entre otras.

Lo que se busca con estas sanciones es inhibir las conductas irregulares en un sector reciente como es el fintech, donde pueden surgir diversos modelos de negocio y algunos deben de estar regulados y supervisados por la autoridad, especialmente los de manejo de recursos del público en general.

Cabe señalar, que la mayor parte de las multas aplicadas por infringir la Ley Fintech están relacionadas por el uso de términos reservados sólo para entidades autorizadas bajo esta normativa. Recordemos que las únicas empresas que tienen autorizado emplear las palabras IFPE o IFC son aquellas que ya han sido autorizadas como Instituciones de Tecnología Financiera.

Asimismo, el portal de la autoridad señaló que algunas infracciones también tienen que ver con la presentación de registros contables incorrectos, fallas en el cumplimiento en disposiciones de carácter prudencial, incumplir con los requerimientos de capital y deficiencias en su control interno.

Por último, expertos en el  ecosistema fintech coincidieron en que es correcto el mensaje que da la CNBV con estas sanciones, en el sentido de que la autoridad debe de proteger al público en general ante cualquier información errónea que promocionan algunas plataformas.

SCJN: Poder Judicial de la Federación otorgará permisos de paternidad de tres meses

Después del histórico resolutivo del pasado martes, en el que se despenalizó la interrupción del embarazo en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), anunció que el poder Judicial será pionero en contar con permisos de paternidad de tres meses con goce de sueldo para los hombres que se conviertan en padres.

Durante una conferencia de prensa, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, aseguró que esta medida coloca al Poder Judicial Federal a la vanguardia en el Continente Americano, «como una de las instituciones más proteccionistas y que hacen un mejor trabajo comprometido para lograr una igualdad real entre los hombres y las mujeres».

Asimismo, confió en que con esta decisión, otras instituciones públicas y privadas, se sumen y avancen en ese sentido.

También señaló que con esta medida se continúa trabajando en la lucha por moldear una sociedad más equitativa, justa e igualitaria para que todos gocen de los mismos derechos.

«Esto va a ayudar también a romper la brecha salarial, va a igualar la cancha, va a permitir que las niñas y los niños puedan tener un cuidado más completo no sólo de su madre sino también de sus padres”, agregó.

Es importante señalar que actualmente el artículo 132, fracción XXVII Bis, de la Ley Federal de Trabajo (LFT) establece la obligación del patrón de otorgar una licencia de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo a los hombres que trabajan al momento de que nace su hijo. De igual manera, en el caso de un proceso de adopción. 

Dicha legislación establece que los cinco días se cuentan a partir del día de nacimiento del bebé o cuando se reciba al menor adoptado

Razón por la cual, las licencias de paternidad tienen el objetivo de beneficiar a las familias no convencionales y permitirán a los hombres vivir su paternidad de manera plena, hasta que la dignidad y la igualdad se hagan costumbre. 

Finalmente, el ministro detalló que las licencias podrán ejercerse a partir de los nueve meses posteriores al nacimiento o a la adopción del infante. 

 

Instituciones financieras plantean implementar el banco digital de forma permanente.

El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Juan Pablo Graf, aseguró que como  respuesta a las medidas sanitarias estipuladas por la pandemia Covid-19 se incrementaron las transacciones financieras electrónicas, razón por la cual algunos bancos están trabajando en la implementación de la banca digital de manera permanente sin necesidad de sucursales.

Pese a que las personas ya pueden acudir a los bancos para realizar depósitos o abrir cuentas de débito o crédito, reportes oficiales detallan que hasta el segundo trimestre del año los clientes de las principales instituciones financieras del país incrementaron el uso de la banca digital en un 20% en comparación con el 2020.

Durante la participación en el foro Moody’s Inside Latam: México, Graf precisó que ante el proceso de digitalización y la baja penetración bancaria prevaleciente en territorio mexicano, persiste el interés nacional e internacional para traer desde nuevos bancos, así como otras alternativas de servicios financieros.

Asimismo el funcionario explicó que actualmente existen transformaciones trascendentales no sólo en la manera en cómo se otorga el crédito, sino en cómo se captan recursos, se realizan los pagos y se manejan las inversiones. Al tiempo que reconoció que las operaciones por banca móvil o Internet han superado las realizadas a través de canales tradicionales. 

En otro orden de ideas, Graf reiteró la negativa de las autoridades mexicanas del uso de criptomonedas a través del sistema financiero, destacando que se debe seguir informando a la población sobre los riesgos que implica el uso de estos activos digitales. 

“Quedó muy bien establecido en la ley fintech que los intermediarios podrán operar con las criptomonedas como determine el Banco de México y como todos sabemos no se ha determinado sobre ninguna de ellas, por lo pronto, de cara a la clientela no está permitida la compra venta de los activos virtuales. Viendo lo que está pasando en otras latitudes, las declaraciones de la SEC en Estados Unidos sobre lo que está pasando con este tipo de operaciones. México fue pionero en decir que tiene que haber una clara separación en lo que ese mercado se va estabilizando. Aprovechar la tecnología pero tener mucho cuidado con la compra venta que hace y seguirlo regulando”, dijo.

Finalmente la fuente reconoció el incremento de  los fraudes financieros principalmente en operaciones digitales, que incluso ya superan a los fraudes registrados de forma física.

“Sí tuvimos un incremento importante en el número de fraude en operaciones por internet que hoy ya supera el número al que tenemos de reclamaciones en canales tradicionales, sucursales, cajeros, terminales punto de venta, o corresponsales. Es parte de la digitalización pero es un proceso que mantiene a las instituciones financieras muy atentas”, dijo.