COTITULARIDAD DE CUENTAS BANCARIAS. EL EMBARGO O RETENCIÓN DE BIENES DECRETADO EN CONTRA DE UNO DE LOS COTITULARES, PUEDE VÁLIDAMENTE RECAER SOBRE LOS DERECHOS QUE LE CORRESPONDAN.

En un juicio mercantil se decretó la medida de retención de bienes, recayendo ésta sobre la cuenta bancaria de la que resultó ser cotitular el demandado. En el amparo promovido por otro de los cotitulares se concedió la protección constitucional sólo en relación con los derechos que le correspondían. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de revisión alegando que por tener derecho a reclamar del banco la totalidad de los fondos, la protección constitucional debía abarcarlos íntegramente.

La calidad de cotitular en una cuenta bancaria confiere el derecho de exigir del deudor (banco) la restitución íntegra de las sumas correspondientes, mas esto no significa que, frente a los otros cotitulares, tenga aquel cotitular el carácter de único propietario de esas sumas, dado que ello implicaría desconocer los derechos que correspondan a esos otros cotitulares y, al mismo tiempo, impedir sin fundamento alguno que el acreedor garantice el adeudo mediante la retención de bienes pertenecientes al cotitular demandado, por lo que es válido el embargo o retención de bienes sobre los derechos de uno de los cotitulares.

En la solidaridad activa, que resulta de la cotitularidad en relación con una cuenta bancaria (artículo 270 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito), pueden distinguirse dos relaciones: por la primera de ellas, frente al deudor, se permite a cada acreedor exigir la totalidad de la deuda, de suerte que mediante el pago hecho a uno solo de los acreedores el deudor queda liberado respecto de todos. Sin embargo, este derecho del acreedor, de exigir del deudor la totalidad de la deuda, no implica que cada acreedor solidario, frente a los restantes acreedores, sea propietario único del crédito y tenga el derecho de disponer totalmente del mismo, porque sólo le pertenece en cuanto a su parte (artículos 1987, 1989 y 1992 del Código Civil Federal).

Estrategias de los sistemas bancarios en épocas de crisis

Después de que el coronavirus impactara de forma drástica a la pérdida de las ganancias, así como a la caída de la cartera de crédito en el sector bancario, expertos esperan que durante este último trimestre del año comience la recuperación de dicho sector mexicano.  

Y es que, se podría afirmar que la banca mundial ya había experimentado previamente las consecuencias  de los riesgos generados por la pandemia, gracias a las lecciones de la crisis financiera global de 2007 a 2009.

Cabe recordar que ante el mencionado panorama de caída financiera global, se reforzó la calidad y cantidad de la base de capital regulador y la mejora en la cobertura de riesgo del marco de capital. Además se integró un coeficiente de apalancamiento que actúa como respaldo de las medidas de capital basadas en el riesgo, diseñado para prevenir el exceso de dicho apalancamiento en el sistema bancario y proporcionar mayor protección frente al riesgo de modelos y errores de medición.

De este modo, las instituciones financieras han conseguido absorber aumentos temporales en los costos de liquidez y mayores riesgos crediticios, lo que ha generado que ninguna banca internacional haya quebrado o requerido una financiación significativa por parte del sector público. 

Asimismo, otro de los logros por parte de los sistemas bancarios mundiales ha sido el poder complementar los esfuerzos de las autoridades fiscales y de política monetaria de cada país, manteniendo así la actividad económica.

En México, se espera que los grupos financieros que operan tendrán números positivos que se mantendrán durante los próximos trimestres, según lo indica el análisis sobre los reportes financieros correspondientes al periodo abril-junio del año en curso, realizados por la empresa Intercam.

Esta firma recordó, que si bien es cierto que en el país se continúa la desaceleración en el sistema financiero, cada vez menor de la cartera de crédito; también se estima un ligero crecimiento en los márgenes financieros secuenciales debido a un mejor control del gasto financiero.

Finalmente, en el sistema bancario nacional el Índice de Cobertura de Liquidez también continuará impulsando a la resiliencia de estas instituciones durante la crisis financiera generada por la pandemia de COVID-19. 

BANCO DE MÉXICO ESTÁ FACULTADO PARA EMITIR DISPOSICIONES DE APLICACIÓN GENERAL Y PODRÁ SOLICITAR OPINIÓN DE AUTORIDADES FINANCIERAS AL EMITIR REGULACIÓN SOBRE MATERIAS NO EXCLUSIVAS

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota, resolvió el amparo promovido por una institución de banca múltiple en contra de unas circulares sobre el uso del crédito de nómina emitidas por el Banco de México (BANXICO) con base en los artículos 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como 24 y 26 de la Ley del Banco de México.

En la demanda, la institución bancaria sostuvo que, en su opinión, de acuerdo con el artículo 28 de la Constitución Federal siempre que BANXICO emita regulación sobre cualquier tema, debe dar intervención legal a diversas autoridades reguladoras para que emitan opinión al respecto. Por tanto, si no dio esa intervención en las circulares que emitió, entonces resultaban contrarias a la Constitución.

Al interpretar el artículo 28 constitucional, la Sala advirtió que esa norma no obliga a BANXICO a dar intervención a diversas autoridades financieras siempre y en todos los casos que emita regulación, sino que se trata de una facultad y que serán las leyes las que fijen cuándo debe o no debe darse esa intervención. Sostener que en todos los casos que el banco central emita una regulación debe dar intervención a las autoridades financieras sería ignorar sus atribuciones exclusivas que, además, son áreas estratégicas del Estado mexicano, por ejemplo, la acuñación de moneda y la emisión de billetes.

Con base en esa interpretación, la Segunda Sala concluyó que las disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Banco de México reclamadas y que facultan a ese banco a emitir regulación, no son violatorias de la Constitución. Además, aclaró que la propia Ley del Banco de México prevé la facultad que tiene el banco central para emitir regulación sobre determinadas materias en las que podrá solicitar la opinión de autoridades reguladoras, sujeta a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Anuncian riesgos sobre el uso de bitcoin y otros activos virtuales.

En conferencia de prensa, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, afirmó que el usos de criptomonedas está prohibido para su utilización en el sistema financiero, al tiempo que sostuvo que no se prevé en el futuro cercano su autorización.

Y es que luego de que un banco nacional anunciara que está trabajando para atraer criptomonedas, autoridades financieras del país, advirtieron que están prohibidas en México. 

El titular hizo énfasis en que ésta, no es una postura nueva, ya que el mensaje se ha reiterado en distintos comunicados y circulares de la SHCP, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico).

En medio del Foro de Estabilidad Financiera, el secretario explicó que una moneda debe contar con tres características: unidad de medida, medio de cambio y reserva de valor.

Por su parte la vicepresidenta del Grupo de Acción Financiera (GAFI) Elisa de Anda, reiteró que el uso de estos activos para fines ilícitos se debe evitar con transparencia. Asimismo sostuvo que el GAFI fue la primera organización en emitir información sobre los criptoactivos, en dónde se reconoce que un ente privado puede emitir activos estables como lo intentó hacer Facebook con libra, pero aún está pendiente.

Finalmente expresó que el GAFI recibe con buenos ojos los proyectos que están emprendiendo los bancos centrales para emitir una moneda digital, pero siempre y cuando cumplan con los estándares recomendados por el grupo anti lavado.

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD

 

El décimo primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, estableció que cuando un recurso o medio ordinario de defensa, aunque sea idóneo para revocar, modificar o nulificar el acto reclamado no resulte eficaz para salvaguardar los derechos del quejoso, por su propia naturaleza, por la forma en que se regule su sustanciación o por las circunstancias especiales que se presenten en determinado caso concreto, el particular podrá promover de inmediato el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar el principio de definitividad.

Lo anterior, porque el principio de definitividad deriva de lo previsto en el artículo 107, fracción III, de la Constitución; es uno de los principales ejes rectores de la procedencia del juicio de amparo, que ratifica su naturaleza como medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser solucionada por otros medios.

Este principio se encuentra regulado, como causa de improcedencia de la acción constitucional, en el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo; hipótesis normativa que sólo resulta aplicable a los procedimientos jurisdiccionales y no a los actos propiamente administrativos, pues respecto de éstos se regula en forma específica en la fracción XX del mismo precepto.

Para satisfacer los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y a contar con un recurso judicial sencillo y rápido, consagrados en los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la obligación o carga procesal de agotar el principio de definitividad, previamente a la promoción del juicio de amparo, lleva inmersa la lógica de que el recurso o medio ordinario de defensa que proceda contra el acto de autoridad que el gobernado estima lesivo de sus derechos, debe satisfacer los siguientes requisitos:

 

  1. Idoneidad. Debe ser capaz de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y II. Eficacia. Dependiendo de la naturaleza del acto que se pretende impugnar, debe: i. Permitir al particular el despliegue pleno de su derecho de defensa y ii. Regularse un procedimiento que impida la consumación irreparable en los derechos del gobernado, de los efectos que produce el acto de autoridad. Por lo que si el recurso o medio ordinario de defensa previsto en la legislación procesal no satisface cualquiera de los anteriores requisitos, no existirá obligación de la quejosa de interponerlo antes de acudir al amparo.