Sucursales financieras y su impacto en la economía local.

En el marco de la presentación la publicación “Estudios Económicos 2021, Volumen 4”, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) precisó que según estadísticas oficiales, las sucursales bancarias siguen siendo el principal canal por el cual las empresas de México realizan sus operaciones financieras; mientras que la población continúan haciendo uso común de este canal. 

El estudio destaca el protagonismo que tendrán en el futuro inmediato los medios electrónicos como aliados del crecimiento de los servicios financieros, sin embargo asegura que mientras siga existiendo un rezago tecnológico tan notable en México, las instituciones bancarias seguirá teniendo un papel importante en la inclusión de la mayoría de las personas y empresas en los mercados de ahorro y crédito formales. Además del impacto positivo que generan en la actividad económica a nivel local.

El documento menciona que, con base en estudios, hay evidencia de que contar con infraestructura bancaria, puede tener efectos positivos en los ingresos y el empleo a nivel local, además de que las sucursales ofrecen una mayor variedad de operaciones que otros canales de acceso; y que la cercanía de estas permite construir relaciones más directas entre bancos y clientes.

En este sentido, el impacto económico que conlleva la apertura de nuevas sucursales financieras, suele beneficiar a las empresas que se encuentran ubicadas en las cercanías, ya que les permite obtener financiamiento en mejores condiciones, lo cual aumenta la demanda de recursos y puede traducirse en crecimiento también para el intermediario.

El texto explica que la decisión de negocio de aperturar una oficina bancaria implica  altos costos para la banca privada haciendo poco viable que dichas instituciones se puedan expandir en regiones con escaso crecimiento económico.

Ciertamente se hace necesario crear sinergias entre el sector público y privado para incrementar la inauguración de sucursales en remotas localidades y atender las necesidades de las comunidades. 

 

EL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA FUE LA PUERTA DE ENTRADA A LA SCJN DE CASOS RELACIONADOS CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de la Dirección General de Derechos Humanos, realizó una mesa de diálogo en la que se analizaron los criterios que ha emitido el Máximo Tribunal para delinear las actuaciones de las y los juzgadores de todo el país al momento de resolver casos relacionados con niñas, niños y adolescentes.

En este evento realizado en línea, a través del sistema de videoconferencia, la doctora Ana María Ibarra Olguín, Directora General del Centro de Estudios Constitucionales (CEC) resaltó que el interés superior de la infancia fue la puerta de entrada de los casos relacionados con niñas, niños y adolescentes a la SCJN, pues antes los asuntos familiares se desechaban por no tener una cuestión de importancia y trascendencia. “Se abre el panorama de posibilidades, primero para que se admitan en el interior de la Corte estos asuntos y segundo, para que a partir de este interés superior puedan ser analizadas y consideradas muchas normas inconstitucionales que estaban arraigadas en los códigos civiles de las entidades federativas”.

En esta mesa de diálogo que forma parte del proyecto editorial “La Reforma Constitucional en Derechos Humanos: una década transformadora”, Ibarra Olguín mencionó como ejes de revisión de este tipo de asuntos en el Alto Tribunal, el de la autonomía, que significa entender que la infancia es sujeta de derechos y con voz propia en cada uno de sus procesos; y el de la responsabilidad parental, que deja de lado la patria potestad como un poder de los padres sobre los hijos, a cambio de una figura de respeto y protección hacia ellos.

En tanto, Ricardo Alberto Ortega Soriano, Profesor Investigador de la Universidad Iberoamericana, al participar en la “Mesa de Diálogo: Niñas, Niños y Adolescentes” resaltó que históricamente la infancia ha sido excluida y marginada del acceso a la justicia, al entrar a espacios que han sido pensados para los adultos, “los Estados tienen que realizar adecuaciones procesales para que este sector acceda a la justicia” enfatizó.

En su oportunidad, Mariana Gil Bartomeu, Abogada de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, aseguró que en muchas ocasiones son los propios juzgadores quienes revictimizan a las niñas, niños y adolescentes, “es necesario el acompañamiento especializado para evitar que sean intimidados antes, durante y después de un proceso”.

Por último, los panelistas invitados coincidieron en que cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, se deben colocar en el centro de las decisiones y observarlos como sujetos de derechos y no sólo como sujetos de protección.

El Código de Comercio no prevé un recurso o medio ordinario de defensa que deba agotarse a fin de observar el principio de definitividad que rige en el amparo directo

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que el artículo 1390 Bis, tercer párrafo, del Código de Comercio no prevé un recurso o medio ordinario de defensa que deba agotarse a fin de observar el principio de definitividad que rige en el amparo directo, como condición para emprender el análisis de violaciones procesales.

El artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General, impone como requisito para el estudio de violaciones procesales en el amparo directo, la observancia del principio de definitividad; y para ello exige que el quejoso agote todos los recursos o medios de defensa existentes en la ley que rige el acto reclamado, antes de instar la acción de amparo, dicha exigencia es reiterada en el artículo 171 de la Ley de Amparo, con algunas excepciones allí especificadas. Ahora bien, para efectos del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo directo, un recurso o medio ordinario de defensa es todo aquel medio de impugnación previsto en la ley que rige el acto y que puede dar lugar a que la determinación jurisdiccional controvertida sea reformada (modificada), revocada o nulificada.

Bajo esa lógica, es factible concluir que el artículo 1390 Bis, tercer párrafo, del Código de Comercio no prevé un recurso o medio ordinario de defensa que deba agotarse como condición para emprender el análisis de violaciones procesales en el amparo directo, ello debido a que en el mencionado precepto sólo se prevé un mecanismo para regularizar el procedimiento y subsanar alguna inconsistencia procesal menor o alguna omisión en la sustanciación del juicio oral mercantil, de modo que la solicitud que con base en esa norma permisiva llegase a formular alguna de las partes al Juez que conoce del litigio oral no tendrá por efecto o consecuencia el reformar (modificar), revocar o nulificar las determinaciones procesales, sino simplemente dar al proceso su correcta conducción, o aclarar algún dato o aspecto adjetivo pero sin cambiar su sustancia.

Extinción de la personalidad jurídica con motivo de la muerte

El Código Civil para el Distrito Federal en su artículo 22 establece que la capacidad jurídica se adquiere con el nacimiento y termina con la muerte.

Por su parte, la Ley General de Salud, establece en su artículo 343 que, la pérdida de la vida ocurre  cuando se presenta la muerte cerebral, la ausencia completa y permanente de la conciencia, la ausencia permanente de respiración espontánea, ausencia de reflejos de tallo cerebral y el paro cardiaco irreversible. 

En nuestra legislación existen dos maneras de probar la muerte de una persona: (i) por medio de un certificado de defunción expedido por un médico autorizado; y (ii) cuando se tenga certeza de que la persona ha sucumbido en el lugar de algún desastre. Lo anterior de conformidad con los artículos 117 y 124 del Código Civil para el Distrito Federal.

Ahora bien, las principales consecuencias que generan la terminación de la persona física son: (i) la extinción de la personalidad; (ii) la transmisión mortis causa de derechos y obligaciones; y (iii) la terminación de actos y relaciones jurídicas supeditados a la muerte.

1. Extinción de la personalidad jurídica: La persona pierde la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones.

2. Transmisión mortis causa de derechos y obligaciones: La muerte únicamente extingue aquellos derechos y obligaciones que establece la ley, por lo que la terminación de la vida de una persona genera la causahabiencia.

La doctrina define al causahabiente como la persona que ha sustituido o se ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras. Junto a las partes, en determinados actos jurídicos, están aquellas personas que por un acontecimiento posterior a la realización del mismo adquieren en forma derivada los derechos y obligaciones de quienes fueron sus autores.

3. Terminación de actos y relaciones jurídicas supeditados a la muerte: La ley dispone que a la muerte de una persona finaliza sus relaciones jurídicas. 

Dentro de los supuestos legales de extinción de relaciones jurídicas por causa de muerte se encuentran: el matrimonio, la patria potestad, la renta vitalicia, el comodato, derechos de uso y habitación, entre otros.