LA SCJN, EL CJF Y LA SHCP FIRMAN CONVENIO PARA LA INTERCONEXIÓN ENTRE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE GESTIÓN JURISDICCIONAL

El Ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, firmaron un convenio para interconectar los sistemas tecnológicos de dichas instituciones para la gestión jurisdiccional, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL).

Con este convenio se logra eficientar el uso de los recursos públicos y reducir los tiempos de atención de los asuntos, disminuyendo considerablemente costos, en beneficio de los justiciables. Ello, además, garantiza una justicia más moderna, cercana, eficaz y accesible para todas las personas.

En adelante, la SHCP podrá operar plenamente en el Sistema Electrónico de la Suprema Corte y el Portal de Servicios en Línea de la SCJN y del CJF, respectivamente, para la promoción, trámite, consulta, recepción de notificaciones por vía electrónica y la celebración de audiencias y comparecencias a distancia en los expedientes de la competencia del PJF, salvo en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad.

Lo anterior implica, además, que los asuntos que sean competencia de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en representación de la SHCP, le sean notificados vía electrónica, y pueda, a su vez, enviar todo tipo de promociones, consultar acuerdos, resoluciones y sentencias, por medio del Sistema Electrónico de la SCJN y su Portal de Servicios en Línea, así como del CJF. Esto permitirá atender eficientemente los más de 21,000 amparos que se han recibido en lo que va de la presente administración.

Este acuerdo constituye un instrumento progresista y de vanguardia en la Administración Pública Federal que se traduce en un parteaguas en la función pública y jurisdiccional.

Así, la presidencia de la SCJN y del CJF y la SHCP demuestran su compromiso con los mecanismos de protección, seguridad, eficiencia y prontitud en la impartición de justicia, en beneficio de las y los mexicanos.

Disolución de sociedades ante pandemia por Covid-19

El panorama de vulnerabilidad económica que han sufrido los países como consecuencia de la pandemia por Covid-19, ha sido un punto referente para que las empresas recurran a formas jurídicas para dar por terminada las sociedades comerciales. 

De esta manera,  la disolución total de una sociedad no extingue a la persona moral, sin embargo, sí modifica su objeto al impedir el desempeño de su actividad habitual ya que debe concluir el ejercicio de sus operaciones para cumplir con la finalidad de disponer el patrimonio integral entre los accionistas o miembros de la sociedad. 

Es decir, una vez que una sociedad se ha vuelto imposible, ha cumplido el objeto, o ya no constituye un lucro, esta llega a su fin empezando por reconocer la causa que los accionistas pactaron o aquellas que determina la Ley, lo que nos invita a argumentar que existen dos tipos de causas de disolución, ya sean legales o voluntarias, la primera es la conclusión del plazo que opera por ministerio de Ley. Las voluntarias, si bien se encuentran dentro de la Ley, requieren de un acuerdo de los socios para que operen. 

Una vez disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación, esta etapa que antecede a la desaparición definitiva de la sociedad se caracteriza por la cancelación de su registro. A diferencia de la disolución de la sociedad, la liquidación no es un acto, sino un procedimiento, una serie de operaciones sucesivas dirigidas a hacer posible el reparto del patrimonio social entre socios, previa satisfacción de los acreedores sociales.

Una vez disuelta la sociedad se pondrá de forma inmediata frente al procedimiento de liquidación; y se deberá llevar a cabo en un periodo no mayor a los seis meses, excepto que se haya acordado lo contrario, agregando en la razón social o denominación social las palabras “EN LIQUIDACIÓN”, puntualiza  el artículo 2726 del Código Civil Federal. 

Aunado a esto el Art. 234 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, señala  que una vez disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación, es decir, reconoce los principios de las sociedades al quedar en estado de disolución, al mismo tiempo, el Art. 244 de la misma Ley establece que los efectos para crear una disolución en la sociedad y aún en ese estado, conservará su personalidad jurídica para los efectos de liquidación.

De esta manera podemos sintetizar que la liquidación es el procedimiento que debe realizarse en una sociedad que ha decidido cesar sus actividades comerciales, el pago de sus pasivos, y la repartición del patrimonio social entre los socios, en el cual intervendrán uno o más representantes legales de la sociedad y serán los encargados de responder por los actos que ejerzan.

Cuando los medios son agotados y no se puede llegar a ningún convenio, empresas optan por la disolución societaria.  

SCJN recibe la petición de consulta popular y la propuesta de pregunta formulada enviada por el Senado de la República.

El presidente del Senado, Eduardo Ramírez, envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la petición del titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, para realizar una consulta popular sobre la posibilidad de abrir procesos legales contra exmandatarios de la República por presuntos actos de corrupción.  

Con fundamento en la fracción, del artículo 26  de la Ley Federal de Consulta Popular, envió la petición, junto con la propuesta de pregunta formulada a la SCJN para que ésta resuelva la constitucionalidad de la materia de la consulta y tendrá un plazo de hasta 20 días naturales para responder.

¿Soluciones alternativas de conflictos o demandas?

En esta época coyuntural, los estragos de la pandemia han provocado que la mayoría de la población mundial genere un déficit económico en sus finanzas, trayendo como consecuencia que algunos contratos efectuados antes de la llegada del Covid-19 sean incumplidos, lo que genera una tensa relación entre las partes.

Frente a este hostil paradigma que enfrentamos, se comienza a transitar hacia la desesperación, angustia y crisis familiar debido a la atmósfera de incertidumbre que impera, surgen cargas de pesimismo que orillan a tomar decisiones imprudentes, alejadas de una perspectiva legal. 

Por ello, antes de iniciar un proceso judicial, resulta necesario citar a ambas partes a una conciliación, con el propósito de conocer cuál es la posición que tiene el contrario, reconocer su carga emocional, identificar sus debilidades y sus posibles argumentos de defensa.

Y es que se pueden generar mayores gastos emprendiendo una demanda que lo que realmente se recupera, razón por la cual muchas personas optan por evitar estos desgastantes procedimientos. 

Sin embargo hay asuntos que exigen por la naturaleza de los mismos apelar a una demanda, tal es el caso de: pensión alimenticia, divorcio, sucesiones, entre otros.

Los conflictos entre grandes corporaciones, son también un claro ejemplo de las demandas innecesarias, ya que en ocasiones gastan cantidades millonarias, pudiendo resolver sus asuntos con menor tiempo e inversión a través de estrategias conciliatorias.

A pesar de que la justicia alternativa representa un porcentaje mínimo en la solución de conflictos entre mexicanos es la vía más segura y eficaz de acceso a la justicia en un elevado número de conflictos civiles, mercantiles y familiares, que no merecen enfrentar el drama procesal.

Por lo antes expuesto, es imprescindible que  antes de iniciar un proceso judicial, acuda a un experto legal para tratar de solucionar su conflicto de una manera pacífica, dialogando con la  otra parte y tomando acuerdos que sean satisfactorios para ambos.