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Reformas y adiciones al Código Civil de la Ciudad de México en materia de arrendamiento.

El pasado 8 de julio, el grupo parlamentario de Morena sometió a consideración del Congreso de la Ciudad de México un proyecto de reforma en materia de arrendamiento, debido a que las diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y Valentina Valía Batres, ambas integrantes del partido, recibieron  una sugerencia de iniciativa por parte de múltiples organizaciones sociales, civiles y de activistas, con el objetivo de que se garantice el derecho a la vivienda frente a situaciones como la que actualmente vivimos a consecuencia de la pandemia por Covid-19.

 

Dicha propuesta fue retirada por el momento, tras la polémica que ha generado, sin embargo, no se descartó por completo que después pueda volver a discutirse en el Congreso.

 

Esa iniciativa pretendía reformar los artículos 2398 y 2406 y adicionar el 2406 Bis, 2425 Bis y el 2431 Bis al Código Civil para la Ciudad de México, con el supuesto fin de garantizar el derecho a la vivienda y evitar desalojos arbitrarios.

 

Las diputadas basaron su iniciativa en que la vivienda es un derecho humano y por ende, debe ser garantizado, lo cual es correcto hasta cierto punto, pues tal derecho humano no puede garantizarse a costa de los derechos de terceras personas, como es el caso de los propietarios de los inmuebles arrendados.

 

La iniciativa pretende logar que ningún arrendatario sea obligado a entregar un depósito mayor al primer mes de renta, derecho que además no podrá tener el arrendador en caso de una recisión anticipada por parte del arrendatario.

 

Asimismo, se pretende que los contratos de arrendamiento de vivienda no puedan ser menores a tres años, cuando actualmente se establece una duración mínima de un año.

 

El artículo 2406, que se intenta adicionar, destaca por su incongruencia, pues de reformarse el artículo 2398, da la posibilidad a que el contrato de arrendamiento pueda celebrarse de forma oral y el numeral primeramente citado establece que sin un contrato escrito no podrá desalojarse al arrendatario, incluso cuando este haya incumplido con sus obligaciones de pago. Ahora bien, en el caso de que un juez ordene el desalojo, dicho acto no tendrá lugar sino hasta después de dos meses de notificado el arrendatario.

 

Una vez expuesto lo anterior, consideramos que la iniciativa violenta la propiedad privada, la autonomía de las partes e inhibe la oferta de vivienda en arrendamiento.

 

De ser discutida con posterioridad y aprobada esta reforma traerá graves consecuencias, pues desacelerará la inversión en el sector inmobiliario ya que resultará extremadamente difícil que se logre el desalojo de los arrendatarios morosos, además de que sin la exigencia de garantías no se podrán cubrir daños y perjuicios que en su caso se lleguen a ocasionar a los arrendadores.

 

Si bien es cierto que nuestra legislación carece de mecanismos que permitan a los arrendatarios hacer frente a situaciones como la que atravesamos actualmente con la pandemia, también lo es que de ser discutida y aprobada la reforma afectaría de forma abrupta la esfera jurídica de los arrendadores.

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