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Ejemplos de violencia política contra las mujeres

Dando continuidad al texto anterior, Villasante y Freyman en su compromiso con la equidad de género presenta algunos ejemplos de violencia política contra las mujeres.

Cabe señalar que según el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, esta: «comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras/es públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos electorales, incluyendo el ejercicio del cargo».

Asimismo, la violencia política afecta el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser elegidas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio de un cargo público.

Ejemplos:

Calificativos que menosprecien a las mujeres y su imagen pública, con base en estereotipos de género.

Censura del uso de la palabra de mujeres, limitando el derecho de expresión en igualdad de condiciones.

Distinción de forma negativa por encontrarse en estado de embarazo o licencia por maternidad.

Inscribir a mujeres únicamente en distritos poco alentadores.

Desigualdad en la distribución de la propaganda en medios de comunicación (radio, prensa y televisión).

Agravios a elementos de las campañas electorales de la mujeres.

Hacer mal uso de los recursos destinados a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Propagación de imágenes, mensajes o información de las mujeres con el fin de menospreciar su imagen pública.

Agresiones verbales basadas en estereotipos y visiones discriminatorias sobre las mujeres.

Finalmente, las autoridades tienen por deber garantizar que la participación de las mujeres en el ámbito público sea posible y se realice en ambientes seguros y adecuados; así como evitar que corran el riesgo de ser excluidas, de sufrir amenazas y represalias físicas o de otra índole, que menosprecien o anulen el ejercicio de sus derechos políticos.

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