Concursos mercantiles como aliados de las empresas en épocas extraordinarias

Uno de los recursos legales existentes para hacer frente a las crisis económicas derivadas de épocas extraordinarias, como lo es en la actualidad la pandemia por Covid-19, es la existencia de los concursos mercantiles, al ser una de las posibles herramientas que faciliten a las empresas mantener sus actividades económicas haciendo frente a sus obligaciones, conservando las fuentes de empleo vinculadas a la misma y permitiéndoles no desaparecer.

El concurso mercantil consta de dos etapas: conciliación, que es aquella etapa en la que se intenta la conservación de la empresa mediante la suscripción de un convenio con los acreedores y la segunda es la quiebra, que se da en caso de no lograr el convenio y supone la venta de la empresa para el pago a los acreedores.

La primera etapa da la posibilidad de llevar a cabo un proceso de negociación que permita la restructuración de un sistema de pagos para hacer frente a las deudas contraídas.

La Ley de Concursos Mercantiles en su artículo 312, establece un medio alterno de solución de controversias, el cual sin previa apertura de un concurso mercantil, da la posibilidad de acudir ante el IFECOM (Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles), para elegir un conciliador que funja como amigable componedor entre el comerciante y sus acreedores, actuando fuera de un procedimiento judicial.

Aún y cuando el amigable componedor funja fuera de un procedimiento judicial, se encuentra obligado a actuar con principios, como son el de celeridad, confidencialidad, flexibilidad, etcétera.

De avanzar a una instancia judicial, pasamos a uno de los beneficios que acompañaron a la reforma de la Ley de Concursos Mercantiles de 2014; que supone la posibilidad de que las empresas antes de ser declaradas en concurso mercantil, puedan solicitar al juez su autorización para la contratación inmediata de créditos que resulten indispensables para mantener la operación ordinaria de la empresa, así como la liquidez necesaria durante la tramitación del concurso, dicho financiamiento es mejor conocido como DIP (por sus siglas en inglés para debtor-in-posession), lo que da la posibilidad de salvar empresas.

En caso de llegar a la etapa de quiebra, una vez dictada la sentencia correspondiente, se debe suspender la capacidad de ejercicio del Comerciante sobre los bienes y derechos que integran la Masa concursal, salvo que ésta suspensión se haya decretado con anterioridad; el Comerciante, sus administradores, gerentes y dependientes deberán de entregar al síndico la posesión y administración de los bienes y derechos que integran la Masa concursal, con excepción de los que sean inalienables, inembargables e imprescriptibles.

En su caso, se ordenará de igual forma a las personas que tengan en posesión bienes del Comerciante que hagan la entrega de los mismos al síndico, salvo los que estos se encuentren afectos a ejecución de una sentencia ejecutoria para el cumplimiento de obligaciones anteriores al concurso mercantil.

El Comerciante estará obligado en todo momento a asistir con las funciones del síndico relacionadas con la operación de la empresa durante la etapa de quiebra,  para tal efecto, el síndico podrá solicitar el auxilio del juez, para que dicte las medidas que estime convenientes.

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