Prevén demandas contra  gobiernos por afectación a trasnacionales

Tras implementar medidas contrarias a los intereses de empresas transnacionales, diversas instituciones advierten que el gremio legal ejecutará una avalancha de demandas contra varios gobiernos, incluido el de México.

 

Organizaciones como Corporate Europe Observatory (CEO) y Transnational Institute (TNI) aseveran basar esta información en publicaciones de los bufetes y seminarios organizados para informar, en webinarios, a sus clientes inversores y multinacionales.

 

De acuerdo con TNI, México es uno de los países que ya enfrenta una amenaza de demanda ante tribunales de arbitraje en relación con el covid-19, ya que empresas europeas, canadienses y estadounidenses anunciaron su intención de demandar al gobierno mexicano por verse afectados ante las medidas para fortalecer el sistema eléctrico nacional.

 

TNI informó que México es el país más demandado de la región, fuera el tema Covid-19, con 34 casos de arbitraje, y detalló que esos recursos son costosos y poco transparentes, agravan el endeudamiento externo del Estado y desvían fondos imprescindibles para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.

 

El informe evidencia que los bufetes de abogados asesoran inversores extranjeros sustentados en que algunos gobiernos tomaron control de hospitales privados y hoteles para tratar a los pacientes; y adoptaron medidas para que medicamentos, vacunas y exámenes estén disponibles para todas las personas.

 

Otros gobiernos, indica el informe, suspendieron las actividades comerciales que habrían propagado el virus y, en algunos casos, evitaron el corte de agua, gas y electricidad por falta de pago.

 

TNI y CEO explican que los miles de acuerdos de comercio e inversión que hay en el mundo, otorgan amplias facultades a los inversores extranjeros para demandar a los Estados en un sistema de tribunales de arbitraje denominado mecanismo de solución de disputas entre inversores y Estados o ISDS, por sus siglas en inglés.

 

En esos tribunales, las empresas pueden reclamar indemnizaciones millonarias por medidas gubernamentales que supuestamente perjudican sus inversiones directamente por la expropiación, o indirectamente, por reglamentaciones de cualquier tipo.

 

De acuerdo con la investigación, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo publicó el 4 de mayo de 2020 al respecto:

 

“Las medidas de los Estados de limitar el impacto negativo de la pandemia son muy diversas y varían de un país a otro (…) Si bien estas medidas se adoptan para proteger el interés público y mitigar los efectos negativos del virus, algunas podrían (…) exponer a los gobiernos a procedimientos de arbitraje iniciados por inversores extranjeros”.

 

CEO y TNI sugieren que los Estados pueden justificar sus acciones “sobre la base de las excepciones de interés público que figuren en el tratado de inversión vigente o de las prácticas de emergencia establecidas en el derecho internacional. Empero, ambas opciones tienen sus límites.

 

“(…) Sin embargo, los inversores podrían alegar ‘que algunos Estados contribuyeron a la crisis por no haberse preparado para un suceso previsible’ o que ‘la falta de financiamiento o los recursos insuficientes de los sistemas de salud de los Estados es un factor coadyuvante’ a la severidad con la que los afectó la pandemia. Si bien ello puede ser cierto, ¿debería un caso de ISDS utilizarse para empeorar la situación de un sistema de salud que de por sí tiene poca financiación?”.

 

Otra opción que proponen a los gobiernos es retirarse de los acuerdos de ISDS vigentes a tiempo, como lo han hecho algunos países que han restringido sus acuerdos bilaterales de inversiones.

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