FORMALIDADES DEL EMPLAZAMIENTO – CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

El emplazamiento es la primera notificación que se realiza al demandado para hacer de su conocimiento que existe un juicio instaurado en su contra, es un acto jurisdiccional que se realiza por el actuario adscrito a algún órgano jurisdiccional que conoce de la controversia, regularmente dicho fedatario se debe constituir en el domicilio señalado en el escrito inicial de demanda para correr traslado con dicho escrito, con los documentos base de la acción, y con la cédula de notificación que contiene la orden de emplazamiento a juicio.

El actuario debe cumplir con diversas formalidades que disponen cada uno de los ordenamientos legales que rigen al procedimiento de que se trate, es decir si se trata de un juicio mercantil deberá cumplir con cada uno de los requisitos que prevé el Código de Comercio, y si la controversia es de orden civil, deberá cumplir con las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles o la legislación adjetiva de fuero local de que se trate.

Aunado a los requisitos que prevén los ordenamientos legales descritos, actualmente existen diversos criterios jurisprudenciales emitidos por el Poder Judicial de la Federación, mismos que son de carácter obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales del país, en razón de que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento, causando una violación grave a los derechos fundamentales de audiencia, debido proceso y de certeza jurídica del demandado.

Uno de los criterios más recientes sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que el emplazamiento únicamente se considerará válido, cuando el notificador o actuario en la certificación que asiente en su razón o acta, describa cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado, es decir, que el actuario deberá describir todos y cada uno de los documentos en los que el actor funde su acción.

La interpretación que realizan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretende salvaguardar el derecho de certeza y seguridad jurídica del demandado, sin embargo dicho criterio implica una dificultad práctica, ya que existen juicios en los cuales se han exhibido una gran cantidad de documentos, y el hecho de que el actuario tenga que describir todos y cada uno de dichos documentos implica un gasto de tiempo para el fedatario; además dicho criterio implica una herramienta injusta a favor del demandado para solicitar la nulidad del emplazamiento, ya que si por algún error humano el notificador omite describir alguno de los documentos exhibidos con la demanda, ello dará pauta a que el demandado promueva un sinfín de recursos que impliquen la prolongación innecesaria del juicio.   

 

“ARRENDAMIENTO FINANCIERO”

El arrendamiento financiero es un contrato mercantil por medio del cual el arrendador se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal, a plazo forzoso, y como contraprestación el arrendatario se obliga a pagar una suma de dinero determinada o determinable, por lo que a grandes rasgos este contrato se puede considerar como un arrendamiento puro y llano, sin embargo, al ser un acto mercantil, en virtud de que el mismo participa de las características de una operación de crédito, de arrendamiento y de compraventa, hace que sea considerado como un contrato mercantil, dado que es claro el propósito de lucro que persigue el arrendador, quien obtiene rendimientos del capital que invierte en el financiamiento.

Este tipo de contrato debe otorgarse por escrito y se puede inscribir en el Registro Público de Comercio a solicitud de los contratantes, sin perjuicio de hacerlo en otros Registros que las mismas leyes determinen.

Hasta antes de la reforma a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito éste contrato sólo podía ser celebrado por las arrendadoras financieras autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en tanto que ahora es factible que, además de esas entidades, celebren operaciones de arrendamiento financiero quienes carezcan de la mencionada calidad y autorización. 

En este tipo de contrato se posibilita al arrendador, a que con cargo a su patrimonio, adquiera el bien que desea usar el arrendatario, quien, por tanto, no desembolsa de inicio el precio de ese bien, sino cantidades menores por concepto de rentas, aunque eventualmente estará en condiciones de poder adquirirlo.

NOTIFICACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS A DEUDOR – UN PRESUPUESTO INDISPENSABLE PARA EJERCER LA ACCIÓN EN SU CONTRA.

La cesión de derechos es un acto jurídico que constituye una de las formas para transmitir obligaciones, y ocurre cuando un acreedor transfiere a otra persona los derechos de cobro que tiene a su favor en contra de su deudor, es decir que es un acto que implica un cambio de acreedor o sujeto activo de la obligación, al ser reemplazado por otro, sin que ello implique una novación y sin que se requiera el consentimiento del deudor.

Sin embargo, este nuevo acreedor no puede iniciar una acción judicial en contra del deudor sino hasta que le notifique la cesión de derechos celebrada con el anterior acreedor, ya sea judicial, extrajudicialmente ante dos testigos o ante notario público, sin dejar de considerar que la notificación al deudor no constituye un elemento necesario para el perfeccionamiento de la cesión de derechos, ya que dicha notificación tiene efectos publicitarios más no constitutivos de derechos.

Lo anterior ha sido motivo de reiterados estudios por parte del Poder Judicial de la Federación; al respecto los Plenos de Circuito han analizado la importancia de la notificación de la cesión de derechos al deudor en un reciente criterio PC.III.C. J/53 C(10a.), y han considerado que dicha notificación debe efectuarse por el nuevo acreedor antes de la instauración del juicio correspondiente, ya que constituye un presupuesto indispensable para que dicha cesión produzca efectos en el deudor, en razón de que deben respetarse sus derechos y porque éste último no tendría conocimiento del acto jurídico celebrado por el acreedor primigenio y el nuevo acreedor, y ante ese desconocimiento no podría imputársele la falta de cumplimiento de sus obligaciones.

En conclusión, la notificación de la cesión de derechos al deudor es una condición previa para que el nuevo acreedor pueda ejercer sus derechos en juicio, notificación que puede realizarse en las formas que previene la legislación aplicable al caso en particular.

FORMALIDADES DEL EMPLAZAMIENTO – CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

El emplazamiento es la primera notificación que se realiza al demandado para hacer de su conocimiento que existe un juicio instaurado en su contra, es un acto jurisdiccional que se realiza por el actuario adscrito a algún órgano jurisdiccional que conoce de la controversia, regularmente dicho fedatario se debe constituir en el domicilio señalado en el escrito inicial de demanda para correr traslado con dicho escrito, con los documentos base de la acción, y con la cédula de notificación que contiene la orden de emplazamiento a juicio.

El actuario debe cumplir con diversas formalidades que disponen cada uno de los ordenamientos legales que rigen al procedimiento de que se trate, es decir si se trata de un juicio mercantil deberá cumplir con cada uno de los requisitos que prevé el Código de Comercio, y si la controversia es de orden civil, deberá cumplir con las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles o la legislación adjetiva de fuero local de que se trate.

Aunado a los requisitos que prevén los ordenamientos legales descritos, actualmente existen diversos criterios jurisprudenciales emitidos por el Poder Judicial de la Federación, mismos que son de carácter obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales del país, en razón de que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento, causando una violación grave a los derechos fundamentales de audiencia, debido proceso y de certeza jurídica del demandado.

Uno de los criterios más recientes sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que el emplazamiento únicamente se considerará válido, cuando el notificador o actuario en la certificación que asiente en su razón o acta, describa cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado, es decir, que el actuario deberá describir todos y cada uno de los documentos en los que el actor funde su acción.

La interpretación que realizan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretende salvaguardar el derecho de certeza y seguridad jurídica del demandado, sin embargo dicho criterio implica una dificultad práctica, ya que existen juicios en los cuales se han exhibido una gran cantidad de documentos, y el hecho de que el actuario tenga que describir todos y cada uno de dichos documentos implica un gasto de tiempo para el fedatario; además dicho criterio implica una herramienta injusta a favor del demandado para solicitar la nulidad del emplazamiento, ya que si por algún error humano el notificador omite describir alguno de los documentos exhibidos con la demanda, ello dará pauta a que el demandado promueva un sinfín de recursos que impliquen la prolongación innecesaria del juicio.   

 

 

Títulos de crédito

De conformidad con los artículos 1° y 5° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se define a los títulos de crédito como cosas mercantiles y documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos consigna.  

Cabe advertir que los títulos de crédito son documentos absolutamente mercantiles, y su mercantilidad no se altera porque no sean comerciantes quienes los suscriban o posean. 

Derivado de lo anterior, podemos aludir que las principales características de los títulos son:

  1. a) Su incorporación: Es decir, el derecho que se encuentra íntimamente unido al título y el ejercicio del mismo está condicionado a la exhibición del documento. En ese sentido podríamos decir que, al tratarse de títulos de crédito el derecho incorporado en los mismos se convertiría en algo accesorio y el documento en lo principal, en virtud de que, el derecho no existe ni puede ejercitarse si no es en función del documento y condicionado por el mismo. 
  2. b) Su legitimación: Recordemos que la legitimación tiene dos aspectos: la activa y la pasiva. La legitimación activa es aquella que le atribuye el título de crédito a su titular, es decir, la facultad que solo tiene el titular del documento y del derecho incorporado, en hacer exigible el cumplimiento de la obligación que se encuentra unido al mismo. 

Ahora bien, la legitimación pasiva es aquella que tiene el deudor de dar cumplimiento a la obligación de pago consignada en el título de crédito, por lo que, el deudor se legitima al pagar a quien aparece activamente legitimado en el documento.

  1. c) Su literalidad: En este aspecto, hablamos que el derecho intrínseco que tiene el título se encuentra condicionado y se mide por el texto que consta en el documento. 
  2. d) Su autonomía: Al igual que la legitimación, la autonomía de los títulos de crédito puede entenderse desde dos puntos de vista: activo y pasivo.

Desde el punto de vista activo, nos referimos al derecho que va adquiriendo cada persona en relación al título, mismo que es distinto del que tenía quien lo transmitió. 

Por otro lado, desde el punto de vista pasivo, se entiende que la obligación que tiene cada deudor es independiente y diversa de la que tenía el anterior suscriptor. 

Finalmente, podemos concluir que los títulos de crédito son documentos mercantiles que tienen constituido el ejercicio de un derecho.

Bloqueo temporal de servicios digitales en México

Tras haber considerado que el impuesto al valor agregado aplicado a plataformas digitales extranjeras no ha tenido una recaudación del todo eficaz, la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes del Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto sobre la Renta y al Código Fiscal de la Federación en las que se incluye la Miscelánea Fiscal para el 2021. La propuesta planteada daría pie a que las empresas no residentes en México que ofrecen servicios digitales enfrenten el bloqueo temporal de acceso a internet por los siguientes motivos: i) no estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ii) no haber designado representante legal y domicilio dentro del territorio nacional o iii)  no tramitar su firma electrónica avanzada.

Cabe destacar que no existe antecedente, a nivel internacional, de este tipo de bloqueos por razones fiscales, por lo tanto, tampoco existe antecedente alguno de que esta medida garantice una recaudación más eficaz. 

Consideramos que este tipo de medida, de hacerse efectiva, sería violatoria de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que garantizan el acceso a la información y la libre expresión. 

Además se tendrían consecuencias en el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues esta sanción aplica únicamente a plataformas extranjeras, lo cual se materializa en un impedimento para el libre tránsito transfronterizo de información, afectando de manera directa a los usuarios, pues la subsistencia de muchas PYMES depende de estos servicios digitales, sin mencionar a los particulares que hacen uso de las plataformas para poder accesar a programas de educación a distancia.

Concluimos que esta medida es un foco rojo para la inversión privada, al colocar bloqueos al ingreso del capital extranjero. Por otro lado, las repercusiones económicas serían graves, debido a que un los servicios actividades digitales representan cerca del 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Por el momento se encuentra pendiente de que la misma sea aprobada por la Cámara de Senadores, lo que de ser así, tal reforma entraría en vigor a partir del 2021.

Transformación digital como consecuencia de la pandemia

Es indiscutible que las exigencias del mercado han cambiado de manera drástica a raíz de la emergencia sanitaria por COVID-19, estimulando a las empresas a analizar sus operaciones y desarrollar estrategias que hagan frente a la nueva normalidad que enfrentamos. 

En este sentido, se puede apreciar el incremento en el nivel del consumo de tecnología, ya que estudios aseguran que el 76% de las grandes y medianas empresas han invertido en la adaptación digital para llevar a cabo el modelo Home Office, pudiéndose evidenciar un aumento del 63% en la generación de otros modelos de negocios digitales, lo que se traduce en nuevas fuentes de ingresos.

Es importante señalar que la tecnología tiene un papel protagónico en la vida de las organizaciones que desean mejorar su competitividad y de esta manera poder sobrevivir a la crisis financiera producto de la pandemia.

Asimismo la cercanía con los aliados comerciales es vital, por tal motivo las Tics (Tecnologías de la Información y la Comunicación) se convierten en el eje central de la comunicación, logrando que todas las áreas organizacionales se involucren de manera efectiva. 

Es de resaltar que debido a la llegada del COVID19, las formas de trabajo han estado cambiando de forma radical, y el uso de las tecnologías ha coadyuvado a que este proceso de transformación se lleve a cabo.  Sin embargo, aún son muchas las instituciones públicas y privadas que se han resistido al cambio, lo que provoca un rezago en el ejercicio de sus actividades. 

La innovación y la puesta en marcha de la creatividad son las claves necesarias para que los nuevos modelos operativos funcionen de manera eficaz y sostenible. 

 

 

COMPRAVENTA MERCANTIL

Empecemos por entender cuándo es que una compraventa se considera de carácter mercantil. Atendiendo a lo que señala nuestra legislación, se pueden definir como aquellas que se realizan con el objeto determinado y ánimo de traficar; cuando hablamos de traficar nos referimos al propósito con el que hacemos la compra en primer lugar, es decir para obtener una ganancia mediante la reventa de la cosa, dándole carácter de mercancía. 

Entendiendo esto, nos introducimos en otros elementos que debemos considerar, tales como, la cosa en la que recae ese contrato, o la calidad que tienen las partes que intervienen en el, es decir, que sea celebrado por comerciantes. Cuando hablamos de la cosa, objeto de la compraventa, puede ser de naturaleza mercantil, es decir que por el simple hecho de comprar o vender determinado tipo de objeto mercantil, la venta tiene ese carácter.

Es importante destacar las modalidades de este contrato, empezando por el perfeccionamiento del mismo.

En la compraventa de muestras o calidades de mercancías determinadas y conocidas dentro del comercio, se van a tener por perfeccionadas por el sólo consentimiento de las partes. 

Una vez que se perfecciona el contrato, si alguno de los contratantes llegara a incumplir, el que si cumpliere podrá exigir la rescisión o cumplimiento del mismo, además de indemnización, daños y perjuicios. 

Si bien es cierto que se pueden estipular cláusulas que sean más convenientes para los contratantes, también lo es que, a falta de pacto, la ley suple las deficiencias del mismo; entre estas que se encuentran, que a falta de convenio en el pago, el vendedor deberá de pagar el precio de las mercancías que se hayan vendido al contado, o bien, si no se pactara fecha de entrega de las mercancías, el vendedor debe de poner a disposición las mismas dentro de veinticuatro  horas siguientes.

Covid y protección de datos personales

-La protección de tus datos personales se consagra como un Derecho Humano en la Constitución.

-Antes de proporcionar tus datos, verifica que quien los solicita sea una autoridad, entidad u organismo público autorizado para recolectar datos, con motivo de la emergencia sanitaria.

-Evita proporcionar los datos personales relativos a tu salud, por medios electrónicos engañosos o no oficiales, recuerda que los suplantadores se aprovechan de las emergencias.

-Toma en consideración que la tecnología utilizada en relación con esta pandemia debe privilegiar la protección de tus datos personales sensibles.

LA COMISIÓN MERCANTIL

Empecemos por definir la comisión mercantil como un contrato de mandato aplicado a actos concretos de comercio.

Esta figura la encontramos regulada en el Título Tercero, Capítulo I de nuestro Código de Comercio vigente, específicamente en el artículo 273.

En este contrato interviene el comisionista quien es el que realiza actos concretos de comercio a través de un contrato de comisión mercantil, a cuenta del comitente (comerciante) y lo auxilia en ampliar sus ventas, obteniendo por ello una retribución llamada comisión. 

Este contrato se perfecciona al momento de la aceptación tácita o expresa por parte del comisionista, esta puede ser verbal, sin embargo debe de ratificarse por escrito antes de terminar el negocio.

Una de las principales obligaciones del comisionista es cumplir de forma personal su mandato, sin delegar el mismo y atendiendo siempre a las instrucciones recibidas del comitente.

El comisionista deberá entregar cuentas justificadas al comitente, y en caso de encontrarse con alguna morosidad este deberá abonar intereses. Asimismo, el comitente está obligado a satisfacer al contando al comisionista, el importe de todos sus gastos y desembolsos. 

Uno de los derechos del comisionista es recibir una remuneración por su trabajo, siendo esta una obligación del comitente. 

El comitente puede revocar la comisión conferida al comisionista en cualquier momento. Este contrato de igual forma puede terminar por muerte o inhabilitación del comisionista, pero si llegara a fallecer el comitente no se rescinde el contrato, aunque puede ser revocado por sus representantes. 

El comisionista deberá entregar cuentas justificadas al comitente, y en caso de encontrarse con alguna morosidad este deberá abonar intereses. Asimismo, el comitente está obligado a satisfacer al contando al comisionista, el importe de todos sus gastos y desembolsos. 

Uno de los derechos del comisionista es recibir una remuneración por su trabajo, siendo esta una obligación del comitente. 

El comitente puede revocar la comisión conferida al comisionista en cualquier momento. Este contrato de igual forma puede terminar por muerte o inhabilitación del comisionista, pero si llegara a fallecer el comitente no se rescinde el contrato, aunque puede ser revocado por sus representantes. 

 

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